Las comunidades autónomas recibirán este año 135.483 millones, solo un 0,7% más, a la espera de los Presupuestos

La financiación que reciben las 15 comunidades autónomas de régimen común de España (todas, salvo País Vasco y Navarra) se mantendrá prácticamente intacta en 2025 respecto a los números del pasado año. Al menos por ahora. La imposibilidad de aprobar unos Presupuestos —debido a la minoría parlamentaria del Gobierno— y la nueva prórroga de las cuentas de 2023 ha provocado que las entregas a cuenta que van a parar a los territorios en forma de adelanto a cuenta del sistema de financiación se mantengan en un nivel similar al de 2024. Si el anterior ejercicio las autonomías dispusieron en conjunto de 134.576 millones de euros por este concepto, en este año la cifra se quedará en los 135.483 millones, un tímido aumento del 0,7% que se explica por pequeños ajustes técnicos.

Los mayores aumentos los registran Cataluña y la Comunidad Valenciana, con respectivas subidas anuales del 1,3% y el 1,2%, mientras que las caídas más marcadas son para Cantabria y las Islas Baleares, que pierden un 1,4% y un 1,3% en recursos, según muestra el último informe sobre la financiación provisional de las comunidades autónomas, publicado esta semana por el Ministerio de Hacienda.

Fuentes del departamento que dirige la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, explican que el estancamiento de las cifras se debe a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, que obliga a extender automáticamente en los mismos términos del año anterior las entregas a cuenta del sistema de financiación, aunque con un pequeño ajuste testimonial. El Gobierno, por ello, tiene pendiente aprobar unas nuevas cuentas públicas en este ejercicio que le permitan actualizar los números y llevar la financiación autonómica a niveles récord, hasta el entorno de los 147.500 millones de euros, según previsiones de Hacienda que ya fueron trasladadas a los territorios en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que tuvo lugar el pasado mes de julio. Las autonomías cuentan con más recursos que nunca, más incluso que en plena burbuja inmobiliaria, cuando el ladrillo hinchaba las cuentas regionales.

Las entregas o anticipos a cuenta son los recursos que el Estado va repartiendo con antelación a las comunidades en función de las previsiones de recaudación de impuestos que se manejan para el año. Suponen el grueso de los recursos con los que cuentan los territorios. Cada ejercicio se actualizan siguiendo las previsiones que se manejan para la economía y los ingresos tributarios, dos indicadores que apuntan en la buena dirección tras varios años con viento de cola. La recaudación, a la espera de que se conozcan las cifras oficiales de 2024, cerró el año en niveles récord, por lo que el tirón, previsiblemente, se mantendrá a lo largo de 2025 gracias al tirón de la economía. Todos los organismos internacionales señalan a España como uno de los países desarrollados que más crecerá. A su vez, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, avanzó hace dos semanas que el Gobierno actualizará próximamente las proyecciones macroeconómicas de España para situar el crecimiento del PIB durante este ejercicio por encima del 2,4%.

Las entregas a cuenta, en efecto, han ido mejorando sus cuantías de forma notable con el paso de los años. Si en 2021 las comunidades recibieron a través de este concepto un total de 105.589 millones de euros, un ejercicio después la cifra llegó a los 112.212 millones y, en 2023, se alcanzaron los 124.292 millones. En un lustro, la subida ha sido del 28% (con los datos actuales) y llegará a casi el 40% si se consigue llegar a los 147.500 millones que maneja el Ejecutivo.

La liturgia habitual prevé que, una vez calculados y comunicados los importes exactos, las actualizaciones de las entregas a cuenta se aprueben en los Presupuestos del ejercicio correspondiente para que las comunidades autónomas vayan recibiendo el dinero con el paso de los meses. Y de esta forma puedan pagar sus gastos en sanidad, educación y servicios sociales sin problemas. Este año, al menos por ahora, el Ejecutivo ha prorrogado las cuentas y aspira a cerrar los anticipos con el nuevo proyecto en el que está trabajando el Gobierno. Aunque oficialmente en Hacienda no contemplan el escenario de que no se aprueben unos nuevos Presupuestos, cabe recordar que el pasado ejercicio sucedió el mismo problema. La falta de unas cuentas públicas paralizó el trámite de los anticipos y generó malestar en los Ejecutivos regionales. Es decir, como se mantuvieron prorrogados desde enero los importes del año previo, muchos Gobiernos territoriales denunciaron tensiones de tesorería. Finalmente, en junio, Hacienda desbloqueó a través de un decreto la actualización de todos los recursos.

Las entregas a cuenta, sin embargo, no son los únicos recursos con los que cuentan los Gobiernos regionales. Al esquema final también se suman las liquidaciones del último ejercicio finiquitado, un proceso que en España se demora durante dos años. En este caso, se hacen cuentas entre las partes (lo adelantado y lo real) y si la diferencia entre el importe liquidado y el entregado a cuenta es a favor de las comunidades, el Estado les hace una nueva aportación. Si es al revés, las comunidades devuelven el importe que han obtenido de más.

La liquidación de 2023, que es la diferencia entre la estimación inicial (las entregas a cuenta) y los ingresos reales cuando finaliza el ejercicio contable, alcanzará en 2025 los 11.692 millones de euros debido a la buena marcha de la recaudación tributaria, una cifra que se sumará a los cerca de 147.500 millones que prevé el Ejecutivo y que dejará un saldo neto favorable para los territorios de más de 158.000 millones.

El problema en estos momentos de incertidumbre política y minorías parlamentarias es que la cuantía que anticipa y paga la Administración central, entre entregas a cuenta y liquidación definitiva, se calcula utilizando “las previsiones existentes a la fecha de elaboración por el Gobierno del anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado del ejercicio que corresponda”, según marca la ley. Por eso, si las cuentas públicas no ven la luz en el año 2025, las comunidades autónomas podrían recibir más tarde de lo previsto todos estos recursos extra, como sucedió en 2024. Cabe recordar que los anticipos son el pilar fundamental de los presupuestos territoriales y que representan el grueso de los recursos de los que disponen los gobiernos regionales para sufragar los servicios en los que tienen competencia, tales como sanidad y educación.