Rato acusa a los socíalistas de "Interpretación extensiva" de la Ley General Presupuestaria

., El ajuste de cuentas que ayer llevaron a cabo en el Congreso el vicepresidente y ministro de Economía, Rodrigo Rato, y su antecesor, Pedro Solbes, se saldó con una conclusión clara: que no hay, por lo general, ilegalidad en el des fase presupuestario de 721.170 millones de pesetas, aunque sí una "interpretación extensiva" de las normas, como apuntó el propio Rato, o diferentes criterios contables, como argumentó Solbes. Rato anunció un paquete de medidas urgentes para evitar que queden cuentas pendientes o "insuficiencias presupuestarias" (véase información adjunta).El Congreso, en la primera sesión tras vacaciones, convalidó el real decreto ley que habilita créditos extraordinarios para pagar parte de ese desfase presupuestario y se suben los impuestos especiales sobre el tabaco y el alcohol con el fin de sufragar los intereses derivados de las deudas (40.000 millones). La actual mayoría parlamentaria funcionó sin sorpresas, de forma que el Gobierno obtuvo el apoyo de CiU y del PNV y el rechazo del PSOE e IU.

En el debate previo quedó claro que las irregularidades presupuestarías por valor de 721.170 millones no pasan a ser ilegalidades en la gran mayoría de los casos. Se trata de partidas efectivamente gastadas en 1995 pero no contabilizadas (197.274 millones) y de obligaciones de pago contraídas que ni se han pagado ni se han contabilizado (523.896 millones).

El vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, situó la discusión en el plano político al hablar de una interpretación "extensiva" de las normas presupuestarias y de "prácticas de gestión del gasto". Rato únicamente señaló que "parece que se ha incumplido la Ley General Presupuestaria" en un desfase de 65.831 millones en contratos de obra nueva, complementarias y reformados de obras en ejecución. Rato no llamó agujero al desfase en ningún momento, en contra de afirmaciones de otros diputados de su grupo en días anteriores.

El diputado de CiU, Francesc Homs, abundó en la idea de que "la naturaleza de estas obligaciones [los 721.170 millones] están perfectamente definidas y documentadas y no conoce la Intervención del Estado ninguna ilegalidad en su existencia". Jon Zabalía, del PNV, en contra, aseguró que "aquí se han cometido infracciones administrativas muy graves".

El último responsable de la gestión del Presupuesto en la etapa socialista, Pedro Solbes, se defendió y atacó a la vez. Dijo que el informe de la Intervención del Estado que explica las partidas en las que se ha producido el desfase "certifica la legalidad y disponibilidad de recursos para comprometer gasto". Sólo admitió "problemas" por una cuantía de 6.000 millones en el antiguo Ministerio de Obras Públicas, pero rechazó la idea de que exista un agujero y de que se hubieran cometido "ilegalidades"; únicamente, dijo "ha habido tensiones presupuestarias".

Solbes añadió que el Gobierno se apoya en este "supuesto" agujero heredado del anterior Gobierno, con el fin de justificar medidas impopulares como la congelación del sueldo de los funcionarios, y la elevación de los impuestos, "en contra de su programa electoral" y para compensar la rebaja en la fiscalidad de las plusvalías y la actualización de balances para las empresas. El ex ministro de Economía, en contra del criterio de Rato, señaló que el mayor déficit generado por ese desfase (0,78% puntos de PIB más, lo que lo situaría en 1995 en el 6,6% del PIB), debe imputarse a 1996, ejercicio en el que se van a efectuar los pagos.

Rato defendió que ese exceso debe contabilizarse en 1995, año en que se produjeron esas obligaciones de pago no afrontadas. En definitiva "ustedes no pueden hacer que nosotros asumamos algo que no hemos provocado". El Gobierno tiene que conseguir que Bruselas acepte su criterio de aumentar el déficit de 1995 y no el de 1996 sin que ello suponga bloquear los fondos de cohesión por incumplir el Programa de Convergencia. Rato dijo no tener dudas.