De Añoveros a Rato, pasando por Solbes

"Cuando el PSOE asumió el poder, en diciembre de 1982, decidió cambiar los criterios de las cuentas del año. Yo no pude cerrar el Presupuesto, por lo que el déficit aumentó en unos 300.000 millones", recuerda Jaime García Añoveros, entonces ministro de Hacienda. Esa modificación no tuvo trascendencia presupuestaria porque eran gastos presupuestados y pagados'.Pero ahí no terminaba el asunto. Existía otra partida -de la época de Juan José Espinosa San Martín- de gastos sin regularizar de antiguos organismos autónomos que estaban contabilizados con créditos del Banco de España. "Esos gastos no estaban aprobados por las Cortes, pero se habían realizado hacía años (no recuerdo si en torno a 5.000 o 6.000 millones de pesetas)", señala García Añoveros. "No los quise cerrar hasta aclarar esas irregularidades desde el punto de vista contable". García Añoveros entregó esas cuentas a Miguel Boyer.

"Auditorías de infarto"

Felipe González comenzó a hablar entonces de la existencia de un "agujero" multimillonario y anunció que iba a encargar unas auditorías que serían de "infarto". "González, con mala fe, insinuó que era dinero que se había llevado la UCD). Luego se vió que nada de eso existía", afirma.Tras un debate parlamentario en el que Leopoldo Calvo Sotelo, en nombre de UCD), refutó las afirmaciones socialistas, la historia se saldó con la aprobación por el Gobierno de un decreto ley de regularización de gastos por 200.000 millones de pesetas:

También Pedro Solbes, al suceder en el Ministerio de Economía a Carlos Solchaga, tuvo que hacer frente a otra regularización en los Presupuestos para 1993. En este caso de 1,3 billones de pesetas. El Gobierno se vio obligado en aquella ocasión a derogar por decreto ley uno de los apartados de la ley presupuestaria que establecía límites al reconocimiento de obligaciones, lo que impidió, según Rodrigo Rato, tener que imputar a presupuestos de años posteriores más de 487.000 millones de pesetas.