Más claridad

SE ACERCAN las fechas en las que el Gobierno de José María Aznar afrontará la auténtica prueba de fuego de su primera legislatura. La elaboración de los Presupuestos, la adjudicación de recursos a una u otra área, a uno u otro ministerio, supone uno de los mayores actos de gobierno que tienen en sus manos los dirigentes de un país. Establecer y administrar los gastos e ingresos constituye el eje de la gobernación en un país democrático.Y si esta ley es aplicable siempre, la importancia del Presupuesto adquiere ahora mayor relevancia. Cumplir los acuerdos de Maastricht es requisito imprescindible para formar parte de la Unión Monetaria el 1 de enero de 1999. Y las cuentas a elaborar en las próximas semanas son las de 1997, el año clave para esa cita.Por eso habría que afinar en las declaraciones y los avisos que se lanzan desde el Gobierno. La táctica del globo sonda ha sido usada por todos los políticos, pero no es bueno superar ciertos límites. Amagar con nuevos impuestos y tasas -sobre agua o sobre autovías-, amenazar con cobros por prestaciones sanitarias o productos farmacéuticos, con congelaciones de los salarios de los funcionarios o con retoques variados en las pensiones, requiere una finura en el tratamiento que a veces se echa en falta en ministros, adjuntos a ministros y portavoces oficiales u oficiosos. Tampoco contribuye a la clarificación la actitud de los socios del Gobierno, y en particular de

CiU, empeñada en dar publicidad a originales fórmulas de recaudación que, antes de ser generalizadas desde la experiencia catalana, requieren un estudio detallado. La muestra de cintura política demostrada por Aznar para llegar a los pactos poselectorales tendrá ahora que plasmarse en columnas contables. Será la oportunidad que el país espera para conocer cómo piensa el Partido Popular plasmar sus promesas electorales, de las que la reducción de las cargas impositivas no era la menor. Será también la prueba de fuego de la anunciada y necesaria sujeción en el gasto público, tanto en la Administración central como en las periféricas, lo que implica rigor en las áreas directamente gobernadas por el PP, pero también la exigencia a los socios catalanes y vascos. Y permitirá, además, observar si, tras el letargo veraniego, el PSOE, el principal partido de la oposición, despierta de su mutismo programado y retorna a la política con las energías que sus votantes deben exigirle.

Por todo ello no deja de sorprender una frase de José María Aznar que el domingo hacía suya el vicepresidente económico Rodrigo Rato en una entrevista a La Vanguardia: "Ya me gustaría a mí que no subieran los impuestos". Más allá de la broma, la forma y el fondo de esa declaración dejan traslucir aspectos inquietantes, que reflejan la posición de observadores en la que el presidente y el vicepresidente parecen querer situarse.

Parecería, por un lado, que un cúmulo de fatalidades se ha abatido sobre la mesa del Consejo de Ministros y que todo el saber y buenas intenciones de cada uno de sus miembros se viera destinado a estrellarse contra el muro del destino. Por otro, esa frase insiste en una actitud de la que ya han abusado los dirigentes del PP durante los poco más de cien días que han ocupado el Gobierno, y que se traduce en cargar las responsabilidades sobre los demás, ya sean antecesores -los famosos agujeros-, compañeros de gobernación -demandas desorbitadas de los socios- o aliados europeos -Maastricht-. Pero quien gana unas elecciones está obligado a gobernar y a asumir las responsabilidades. Aznar y sus ministros han de hacer el Presupuesto y han de adoptar y comunicar con claridad sus decisiones. Para eso se les eligió mayoritariamente y en ello deben afanarse. Lo demás es retórica.