La encrucijada del Estado de bienestar

Alemania dedica a las prestaciones sociales casi un tercio del producto interior bruto (PIB), el 31%, un porcentaje superior al de otros países de similar desarrollo económico. En 1993, el volumen total de prestaciones sociales ascendió en Alemania a 1,63 billones de marcos (137 billones de pesetas).El creador de la Seguridad Social es el mismo padre de la unidad alemana, Otto von Bismarck, quien en 1883, 1884 y 1889 creó el seguro de enfermedad, de accidentes y de vejez, respectivamente. A estos tres pilares se añadió luego el seguro de paro, y estos días entra en vigor por etapas el quinto: el seguro de dependencia o de asistencia a personas impedidas.

Los costes de la Seguridad Social se han disparado en Alemania y suponen una fuerte carga para el Estado, empresarios y asalariados. A partir del día 1 de este mes, el porcentaje del salario bruto que se deduce por los diferentes seguros asciende al 40,8%, que corre a cargo del empresario y el asalariado al 50%. cada uno. El seguro de pensiones supone un 19,2%; el de enfermedad, un 13,4% en el oeste y un 13,3% para los Estados del Este; el de desempleo, un 6,5%, y el nuevo seguro de dependencia, un 1,7%.

Los cimientos del sistema de seguridad social se tambalean en Alemania porque se ha convertido en impagable. Por un lado se encuentra el hecho básico de que los cálculos del sistema de pensiones datan de los tiempos en que los alemanes se morían poco tiempo después de la jubilación, pero hoy día el contrato entre las generaciones amenaza ruina.

Si hoy día por cada jubilado hay 2,85 asalariados que cotizan, en poco más de 30 años esa proporción será de apenas 1,4 activos por cada rentista. La caída de la natalidad y el incremento de la expectativa de vida hacen el sistema casi inviable.

A esto se añade la carga que ha supuesto la unificación alemana, como consecuencia del desmoronamiento, de la antigua República Democrática Alemana. Bonn ha asumido los costes de la bancarrota del régimen del Este, y esto supone una enorme carga para las cajas de Seguridad Social.

Además, la Seguridad Social alemana ofrece prestaciones inauditas y costosas que obligan al recorte inexorable. El paquete de medidas del Gobierno, que cuenta con el beneplácito de la patronal y la oposición de los sindicatos, prevé elevar la edad de jubilación para hombres y mujeres de forma gradual, hasta los 65 años. Hoy, la media efectiva de jubilación se encuentra por debajo de los 60.

Al mismo tiempo se trata de recortar los pagos del salario en caso de baja por enfermedad, que ahora se encuentra incluso por encima del 100%.

El Reino Unido dedica el 27,3% del PIB en mantener el Estado de bienestar, es decir, en los dos capítulos esenciales del gasto público: Sanidad y Seguridad Social. Este último apartado, en el que están incluidos desde los seguros de desempleo hasta las pensiones, pasando por las ayudas familiares y el denominado income support, que cubre las necesidades básicas de aquellos ciudadanos que carecen de otros seguros, consume por sí solo el 32% del presupuesto británico. En total, los dos apartados -que totalizan cerca de 100.000 millones de libras, (casi 20 billones de pesetas)- representan el 45% del presupuesto anual del Estado.Los británicos tienen cubiertas sus necesidades de asistencia médica gracias al National Health Service (NHS), la sanidad pública, introducida en el país en los años cuarenta por un Gobierno laborista. El coste del NHS es de seis billones de pesetas al año, una suma fabulosa, incapaz de afrontar los crecientes gastos sanitarios de una sociedad que envejece y ha visto aumentar día a día las esperanzas de vida. Con vistas a reforzar esta suma, el Gobierno puso en marcha hace tres años la Iniciativa de Financiación Privada, destinada a introducir dinero privado en el tejido de la sanidad pública.

Todo ciudadano británico tiene derecho al final de su vida laboral a recibir una pensión al cumplir los 65 años si es hombre o los 60 si es mujer. La pensión es lineal y asciende en el año en curso a 61,15 libras (12.000 pesetas) a la semana. Adicionalmente, el trabajador jubilado percibe una cantidad suplementaria, que actualmente representa el 25% de la masa salarial percibida duran te los 20 años más rentables de su vida laboral. El ciudadano que por razones variadas no haya trabajado nunca, tiene derecho a una pensión básica de 34,50 libras (6.700 pesetas) a la semana al cumplir los 80 años. El trabajador en paro está cubierto durante el primer año por un seguro fijado con independencia de su salario anterior. En el caso de estar soltero, la cantidad es de 45,45 libras (8.800 pesetas) a la semana, y de 73,50 libras (14.00 pesetas) cuando está casado. Una vez superado el año, el trabajador pasa a percibir una ayuda económica del fondo general conocido como incomme support, lo que representa una cantidad de 27,50 libras (5.300 pesetas) a la semana, en el caso de los solteros, y de 71,70 libras (14.000 pesetas) semanales cuando el beneficiarlo está casado.

Las ayudas a la familia se concretan en incentivos económicos pagados en función del número de hijos: 10,20 libras (2.000 pesetas) semanales por el hijo mayor y 8,25 (1.600 pesetas) por cada uno de los restantes.

El sistema de previsión social italiano, tan generosamente desarrollado por la Democracia Cristiana que podía ser comparado con la Providencia, ha sufrido drásticos recortes en los últimos cinco años debido a la necesidad de afrontar. una deuda pública que hoy supera el 120% del PIB. La primera reforma importante fue la de la Sanidad, y la hizo el socialista Giuliano Amato entre 1992 y 1993.Con las sucesivas modificaciones, el sistema resultante sigue siendo financiado básicamente con cargo a los Presupuestos del Estado, donde confluyen Impuestos y aportaciones específicas. Los entes locales deben financiar por sí mismos cualquier prestación que supere la media legalmente establecida del país.

La asistencia sanitaria en Italia hoy es gratis sólo para los que tengan una renta anual inferior a los 70 millones de liras (unos 5,95 millones de pesetas). A partir de ese nivel, siempre que no se esté en paro, se paga un porcentaje variable de todas las prestaciones. Una visita al médico de cabecera cuesta, por ejemplo, 25.000 liras (unas 2.000 pesetas). Hay, sin embargo, numerosas excepciones por tipos de enfermedad y otras circunstancias. Los hospitalizados no pagan ni la cama ni las pruebas médicas. Los fármacos se dividen en tres categorías: la A, que no se paga; la B, que se paga en parte, y la C, que incluye los gratuitos.

Las pensiones, principal capítulo del gasto público, ya que el sistema era el más generoso de Europa, fueron reformadas por Lamberto Dini en 1995 tras el intento fallido de Silvio Berlusconi, abortado por una manifestación de más de un millón de personas. La reforma de Dini tiene un carácter tan gradual que resulta difícil valorar sus consecuencias concretas. Los que llevaban cotizando más de 18 años cuando entró en vigor se rigen por el generoso sistema antiguo, que les permite jubilarse en cuanto hayan cumplido 35 años de cotizar, o sólo 15 en el caso de los empleados públicos. La jubilación anticipada ha quedado, sin embargo, sujeta a fuertes penalizaciones. El nuevo sistema preve la jubilación a los 65 años y con 35 años de cotización.

El seguro de desempleo no existe como tal en Italia, salvo para cubrir las regulaciones transitorias. Sí existe, en cambio, la ayuda familiar, que varía en función de la renta y del número de miembros de la familia.

El coste total del sistema de la Seguridad Social sueca se estima actualmente en unos 350.000 millones de coronas (unos 6,65 billones de pesetas), lo que, aproximadamente, constituye el 63% del presupuesto nacional y el 23% del PIB. Ello incluye la atención del sistema de jubilaciones y pensiones, cajas de seguro de paro, salud y asistencia hospitalaria, y diversas asignaciones familiares como, por ejemplo, en concepto de hijos, enfermedad, vivienda, atención de niños y ancianos. La mayor cifra de estos gastos la constituyen las jubilaciones y el seguro de paro. Este último supone actualmente unos 40.000 millones de coronas (760.000 millones de pesetas).Un 55% lo constituyen las jubilaciones y pensiones. El 11% corresponde al seguro de paro, y todo lo relacionado con la salud y las diferentes formas de ayuda familiar responden por el 22% restante. La financiación del sistema se realiza a través de los impuestos y diferentes mecanismos. El 60% se cubre con contribución de los patrones y trabajadores; el Estado aporta un 26% y el resto lo pagan las comunas.

Este sistema de Seguridad Social, construido en su mayor parte en el periodo comprendido entre los años sesenta y mediados de los ochenta, ha experimentado un sostenido encarecimiento por diversos factores, tanto estructurales como coyunturales. Dos ejemplos típicos son el sistema de pensiones y los seguros de paro. En el primer caso el aumento constante de la expectativa de vida de la población ha elevado progresivamente el número de personas mayores de 65 años, que es, hasta ahora, la edad para la jubilación. En el caso de los seguros de paro, la situación ha evolucionado dramáticamente en los últimos cuatro o cinco anos, pasando del 2% al 13,5% actual, de un total aproximado de cuatro millones de activos.

Ello ha llevado a imponer una reestructuración en pensiones y en el seguro de paro. Algunas medidas de corto alcance están siendo ya aplicadas, como, por ejemplo, la disminución de la retribución a los parados, que ha pasado sucesivamente del 90% al 80% y al 79%. El Gobierno prometió elevarla de nuevo al 80% y ahora se discute la financiación.