Ilegítima violencia

NO EXISTE razón alguna que justifique los crímenes de ETA. Así se admite en teoría, pero algunas personas actúan como si esas razones existieran. Incluso colaboran a buscarlas, pese a que no pueden ignorar que ETA va a interpretar sus palabras como de comprensión hacia sus atentados. Quienes denuncian una opresión que no existe y condicionan su actitud contra el terrorismo a la aceptación de su propio punto de vista sobre diversas cuestiones controvertidas están retrasando el final de la violencia, dando argumentos a los que se resisten a ello.La excarcelación de Galindo puede ser una decisión discutible, pero para impugnarla no basta con subrayar la gravedad de los delitos de que se acusa a Galindo. Son gravísimos, pero es falso que la excarcelación suponga su exculpación. También es falso que la no desclasificación de los papeles del Cesid implique garantizar la impunidad de los procesados. Los motivos por los que el Gobierno ha optado por mantener el secreto sobre esos papeles son de peso, y compatibles con la continuidad del proceso y la eventual condena de los acusados de la tortura y asesinato de Lasa y Zabala.

Los 27 crímenes de los GAL han minado la legitimidad del sistema político, y es razonable pensar que la eventual lenidad de la justicia para con los responsables de la guerra sucia favorecería a ETA. Pero es una necedad considerar que el carácter democrático del sistema político dependa de que se desclasifiquen los papeles del Cesid y se mantenga en prisión a Galindo. Por enorme que haya sido el daño causado por quienes montaron los GAL, es absurdo equiparar la legitimidad del Estado democrático con la de ETA, una banda que con posterioridad a la restauración de la democracia ha asesinado a 715 personas; de ellas, 233 en los años posteriores a la desaparición de los GAL.

Cada vez que una decisión judicial no les gusta, algunos políticos y otras personas influyentes actúan como si fueran los abogados de ETA: diciendo que si Galindo sale, también deberán salir los etarras, o condicionando su participación en los foros unitarios contra el terrorismo a ciertas condiciones políticas. Garaikoetxea calificó el domingo de "farsa" al Pacto de Madrid y advirtió que la unidad de la Mesa de Ajuria Enea estaba rota, dadas las diferentes posturas existentes sobre el caso GAL Ciertamente, la unidad del pacto es vacilante, pero en buena medida a causa de las actitudes del partido que preside Garaikoetxea, que unas veces condiciona su participación a que se admita que existe un contencioso entre Euskal Herria y España, y otras, al reconocimiento de la autodeterminación. Lo que equivale a decir que para luchar contra los que han asesinado a Isidro Usabiaga y tantos otros es condición que los demás asuman como propia la ideología de su partido.

El obispo Setién rechazaba el pasado fin de semana la posibilidad de estar legitimando a ETA o siquiera equiparando a esa organización con el Estado; pero a continuación afirmaba que a la vista de la "deslegitimación mutua" entre ambos, lo que procede para alcanzar una "paz justa es avanzar por la "vía de la mutua aceptación, no de la rendición". Es una vieja idea del radicalismo. Mutua aceptación (en su terminología, mutuo reconocimiento) equivale a que cada parte reconozca las razones de la otra: que la mayoría admita que ETA tenía buenas razones para matar. La idea subyacente es que existe un déficit democrático por la imposibilidad de que los vascos puedan ejercer su derecho a la autodeterminación. Si se trata de eso, ningún Estado del mundo sería plenamente democrático porque ninguna Constitución reconoce tal derecho, pese a que no pasan de 18 o 20 los Estados que son étnicamente homogeneos.

El obispo se pregunta si "detrás de la violencia hay una voluntad positiva de paz", algo en sí mismo contradictorio, porque si la hubiera no habría violencia. La pregunta sólo tendría sentido en una situación de tiranía que impidiese a los ciudadanos pronunciarse libremente. Pero los vascos llevan casi 20 años haciéndolo y dejando claro que la inmensa mayoría rechaza los planteamientos de ETA. Por eso trata de imponerlos: condicionando el cese de la violencia a la aceptación de su programa, la alternativa democrática, que a Setién le parece un avance porque ETA afirma en ella que hay que "dejar al pueblo vasco que se manifieste". Fingiendo haber olvidado que ETA lo decía en el mismo comunicado en que reivindicaba el intento de asesinato del actual presidente del Gobierno.