Pujol y Aznar, ¿y los demás?

No es baladí preguntar las razones por las que los legisladores españoles decidieron en la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (LOFCA) que el IRPF quedara terminantemente excluido en la cesión a las comunidades autónomas de régimen común. Nadie entonces utilizó el pobre argumento de que aquellos que gastaban también asumieran la impopularidad de recaudar.No es inocente preguntar las razones por las que el afán recaudatorio de las comunidades autónomas del IRPF no haya partido del Gobierno central sino que haya surgido de los territorios autonómicos, y más concretamente de Cataluña.

Es sospechoso que a las alturas en las que estamos el Gobierno central no haya querido poner ni un solo número en la ¿Mesa de negociación?, que fundamente su aseveración de que el sistema de financiación autonómico no va a provocar agravios entre los receptores del sistema.

Es clarificador que el mismo día en que se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el consejero catalán de Hacienda declare que van a exigir al Gobierno del señor Aznar que cumpla íntegramente los términos del acuerdo PP-CiU en materia de financiación.

Es un atentado a la autonomía política, que el señor Aznar y el señor Pujol no sólo decidan cómo se va a financiar la comunidad que preside el segundo, sino que además decidan cómo se financiará la comunidad que preside quien esto firma.

Es un atentado a la inteligencia, que los portavoces gubernamentales intenten convencer a la opinión pública de que el sistema de financiación autonómica será neutro en el primer ano de su aplicación, y no den ni una sola explicación de qué pasará en los cuatro años siguientes de vigencia del sistema.

Es una maldad, propia de quienes la formulan, argumentar que la oposición de determinados presidentes autonómicos al pacto PP-CiU de financiación autonómica, no es la consecuencia del derecho legítimo a la defensa de los intereses de sus regiones, sino el intento de arremeter políticamente contra el presidente del Gobierno de España; sólo quienes han basado toda su etapa de oposición en ese objetivo, cuando el titúlar del Gobierno era Felipe González, pueden pensar de esa manera.

Desde 1993, fecha en que se suscribieron los pactos PSOE-CiU para que el partido socialista pudiera gobernar, el discurso anticatalanista y antinacionalista del señor Aznar nos arrebató cientos de miles de votos de quienes creyeron en la sinceridad de sus palabras. Ahora, cuando las cañas se han tornado en lanzas, el señor Aznar no solamente quiere quitar el dinero a algunas comunidades autónomas sino, lo que es peor, quiere quitamos la palabra y el derecho a pensar. ¿Cuál es la razón por la que el señor Aznar quiere cargarse el IRPF troceándolo, abatiéndolo y permitiendo que las regiones más desarrolladas se queden con una parte sustancial de las rentas de las personas, y las regiones menos desarrolladas nos tengamos que conformar con las migajas que sobran del sistema?

A todas estas preguntas se responde con el lenguaje oficial delirante, que transforma las mentiras en verdades y que todo el mundo consume sin saber dónde está el gato y dónde la liebre; se nos dice que es bueno que se sepa que quien gasta recauda, cuando en el documento entregado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se dice que será la Agencia Estatal Tributaria la encargada de gestionar, inspeccionar y recaudar el tramo estatal y autonómico del IRPF, es decir, igual que siempre. Se nos dice que el sistema otorgará autonomía financiera a las comunidades autónomas y se oculta que el documento aludido concede el 92% de autonomía financiera a Cataluña y el 23% a Extremadura.

El mantenimiento del señor Aznar en La Moncloa será el precio que tendrán que pagar algunas regiones, precisamente aquellas que no le votaron mayoritariamente el 3-M pasado, para que otras comunidades puedan satisfacer el fin de fiesta, platos rotos incluidos, de quienes gastan más de lo que pueden; y el señor Pujol, en nombre de un nacionalismo conservador, que entra en la historia de España, de espaldas y reculando, quiere seguir apretando las tuercas de la solidaridad interregional, bajo el argumento de que ya no quedan ricos y pobres, sino ricos y vagos, y estos últimos causantes del retraso de quienes, por lo visto, no son ricos por las circunstancias políticas, sino por su buena suerte.

La caricatura de lo que está pasando en Italia con la Liga del señor Bossi no es ni más ni menos que eso, una caricatura de lo que algunos practican con más inteligencia en nuestro país. El pronunciamiento prepotente de que no se mueva ni una coma en lo pactado, reduce a una farsa las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera y pone de manifiesto el talante del autor de la frase "había un problema y se ha solucionado": sólo está dispuesto a negociar y consensuar aquello que políticamente puede acabar con él como presidente del Gobierno, es decir, los pensionistas y el terrorismo. Parece claro, después de lo dicho por el señor Rato en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que la oposición de algunas regiones al sistema de financiación autonómica no atenta contra la estabilidad del inquilino de La Moncloa. Está claro que a algunos gobernantes les preocupa más el poder que la justicia, el estar que el ser, el interés que los principios.

Siempre que la derecha ha gobernado en España, sobre las espaldas de determinados pueblos se ha hecho recaer el progreso y el avance de otros; esta vez no vamos a permitir que así sea, en nombre de la legalidad, la justicia y la dignidad. Mientras esto sucede, aquellos que ya con anterioridad negaron la cesión del 15% se escandalizan en la intimidad, a veces en gallego, y callan públicamente. Si de algo les sirve yo ya me negué cuando gobernaba mi partido. La democracia me ampara.