50.000 productores colombianos de coca protestan por la erradicación de cultivos

Unos 50.000 campesinos, cultivadores y raspadores (recolectores) de hoja de coca ocupan varias cabeceras municipales de remotas zonas de la Amazonia colombiana para protestar por la erradicación de los cultivos ilícitos. La protesta empezó en la provincia del Guaviare, se extendió luego al Putumayo y amenaza con convertirse también en un grave problema en el Caquetá y el Cauca.La decisión del Gobierno es radical. "Vamos a combatir hasta el final estos cultivos de la muerte", dijo hace dos días el presidente Ernesto. Samper. Ya se han disuelto manifestaciones a la fuerza, hay ya muertos y heridos. Oficialmente, se explica la ofensiva con el hecho de que las zonas coqueras son también de influencia de la guerrilla, en especial de las FARC (Fuerzas Revolucionarias de Colombia), el grupo insurgente más fuerte del país.

"Esto es una guerra y la vamos a ganar", dice el general Harold Bedoya, comandante del Ejército. La teoría que se maneja es que la narcoguerrilla controla el negocio de la coca y son los comandantes insurgentes los que obligan a los campesinos a protestar, pues no están dispuestos a perder su jugosa fuente de financiación. La mayoría de estas poblaciones coqueras han sido declaradas zonas especiales de orden público, están militarizadas y hay en ellas controles estrictos para la compra y venta de gasolina y cemento, indispensables para el procesamiento de la coca. El Ejército incluso ha entrado en poblaciones donde durante años sólo reinó la guerrilla.

En Remolino del Caguán la situación es gravísima. La gente está saliendo presionada por el hambre. Con la fumigación forzosa llegó el caos y la desestabilización económica", dice a EL PAÍS Hernán Peña, presidente de la Junta de Acción Comunal de esta remota población del Caquetá. El forma parte de la delegación que viajó a Bogotá para tratar de negociar con el Gobierno. "La solución inmediata es la erradicación no forzosa; queremos una sustitución que puede durar entre cuatro y cinco años", señala, y añade que a su población no ha llegado el Plante -programa oficial de sustitución- y que, durante años, el Gobierno ha llevado adelante los programas que buscan cambiar la coca por caucho y con proyectos de desarrollo. En el Guadiare y el Putumayo la queja es la misma: el Gobierno no ha cumplido. En estas regiones abandonadas no hay vías de comunicación ni servicios de salud. Para el Guadiare, Samper prometió él año pasado 17 millones de dólares. Sólo han llegado dos.

El sociólogo Alfredo Molano señala que, durante años, estos cultivos crecieron ante los ojos de muchos gobiernos, y que ahora se quieren erradicar en un día porque este Gobierno necesita ganarse la indulgencias de EE UU, que ha declarado la guerra a Samper por la supuesta financiación ilegal de su campaña con dinero de los narcos.