La Generalitat de Cataluña reclama al Gobierno el traspaso de la gestión de los fondos del Inem

La Generalitat catalana reclama ahora al Gobierno el traspaso de la gestión de los fondos del Instituto Nacional de Empleo (Inem). Josep Duran i LLeida, el presidente de la comisión de traspasos de la Generalitat de Cataluña y líder de Unió Democrática de Catalunya (UDC), partido coaligado con Convergència, lo reveló ayer tras un encuentro que mantuvo con el ministro de Trabajo, Javier Arenas.Con esta reclamación, la Generalitat desborda el compromiso de gobernabilidad alcanzado entre Convergència i Unió (CiU) y el Partido Popular (PP) en materia del Inem. El pacto de abril compromete al Gobierno del PP a transferir a Cataluña las políticas activas del Inem, esto es, todo lo relacionado con la promoción de empleo, pero no mencionaba los fondos del instituto.

Gobierno y Generalitat acordaron recientemente materializar el traspaso de las políticas activas del Inem para el próximo otoño. Ayer, Arenas y Duran ratificaron dicho acuerdo, pero el líder de UDIC dió un paso más con la nueva reclamación a la que el Gobierno no dio respuesta. La cesión de los fondos del Inem a las comunidades autónomas plantea serios problemas de carácter técnico y político, según fuentes gubernamentales.

Asimismo, Duran reclamó a Arenas el traspaso de la Formación Continua que el pasado lunes acordaron en Vitoria los Gobiernos central y vasco para Euskadi. Dicho traspaso estaba incluido en el pacto de gobernabilidad que firmaron en mayo el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco (PNV).

El representante de la Generalitat catalana también se entrevistó con el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja. El ministro garantizó a Duran i LLeida que la policía autonóma catalana tendrá las mismas atribuciones policiales que la Ertzaintza, con la excepción de lo relacionado con el terrorismo.

Duran culminó su gira por Madrid con un encuentro con el ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, al que reclamó la titularidad de línea de ferrocarril entre Lleida y la Pobla de Segur, que ya financian las instituciones catalanas.