Las incognitas del pacto autonómico

EL PRÓXIMO mes de septiembre será el momento de la verdad para muchas e importantes decisiones de gobierno. Lo será, sin duda, para el nuevo modelo de financiación autonómica acordado por Aznar y Pujol como núcleo de su pacto de gobernabilidad para la presente legislatura. El 16, de septiembre es la fecha que el Gobierno ha fijado como plazo límite para incorporar el nuevo sistema de financiación autonómica al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997. En esa fecha, pues, deberían haberse despejado las incógnitas que planean sobre el nuevo modelo, y muy especialmente su coste. Habrá que ver cómo encaja en unos presupuestos fuertemente restrictivos y obligados a reducir el déficit al 3% del PIB para poder acceder a la moneda única.La reunión que sostuvo la semana pasada el Consejo de Política Fiscal y Financiera ha permitido conocer detalles hasta ahora poco explicados del nuevo modelo de financiación que afectará a las 1.5 comunidades autónomas de régimen común (quedan excluidos el País Vaco y Navarra por su sistema de concierto económico). Y a medida que se conoce la letra pequeña parece más difícil el acuerdo de todas ellas. Las

tres autonomías gobernadas por el PSOE-Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura- siguen mostrando una tajante oposición a la nueva fórmula porque consideran que aumentará las diferencias entre comunidades.La capacidad normativa de las Haciendas autonómicas sobre el tramo del IRPF cedido y la ausencia de topes son los aspectos más cuestionados. Los socialistas temen que la capacidad normativa, además de fragmentar el impuesto, desencadene una guerra de rebajas entre autonomías con el objetivo de atraerse inversores. De otro lado, consideran que la ausencia de topes disparará las diferencias dé recaudación entre comunidades ricas y pobres. Las 10 autonomías presididas por el PP apoyan globalmente el nuevo modelo, pero en algunos casos -Galicia y Cantabria, entre otros- más por disciplina que por convencimiento de sus ventajas, y no han cesado de poner reparos a loscriterios para calcular su cuota de participación en los fondos estatales de compensación.

Todas estas cuestiones deberían ser clarificadas y consensuadas, al menos en sus líneas básicas, antes del 16 de septiembre. La creación de un grupo de trabajo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, cuya primera reunión tendrá lugar el próximo día 9 de agosto, permite albergar alguna esperanza en este sentido. El nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno y por CiU para el quinquenio 1997-2001 no debería ser sentido por nadie como un mero trágala, como ha manifestado Felipe González. En buena ley debería ser discutido y aceptado por todos, pero CiU ya ha advertido al PP que debe cumplir todos los términos del acuerdo suscrito para el pacto de investidura de Aznar.

Caben pocas dudas sobre el agotamiento del modelo de' financiación autonómica vigente en los últimos años, tan heterogéneo como desincentivador de verdaderas mejoras en la gestión de las comunidades autónomas. Era obligada, pues, su reforma en la línea de descentralización fiscal auspiciada por CiU y asumida por el PP tras los resultados de las elecciones de] 3 de marzo. Pero es inaceptable que a estas alturas sigan sin conocerse con suficiente detalle los efectos concretos del esquema de financiación propuesto por el Gobierno. y CiU. ¿Qué ocurrirá con los ingresos totales de cada comunidad autónoma en el horizonte de cinco anos? ¿Es neutral el modelo propuesto desde el punto de vista del déficit público? ¿Están previstos mecanismos de activación suficientemente ágiles para garantizar compensaciones entre las distintas autonomías ante descensos en la recaudación de. los tramos cedidos? Son cuestiones que exigen aclaraciones antes de poner en marcha el nuevo modelo para eliminar esa sensación de agravio que tienen algunos gobiernos regionales. Sería peligroso que ese sentimiento se trasladara a los ciudadanos de esas comunidades. Corresponsabilidad y solidaridad interregional constituyen los fundamentos sobre, los que se ha de. asentar cualquier esquema de descentralizacíón fiscal para que ésta deje de ser el resultado de meros acuerdos exigidos por la coyuntura electoral. Las comunidades han de asumir competencias más allá de la eje

cución del gasto que el Estado les transfiere. Han de involucrarse directamente en la gestión de la recaudación impositiva y hacer frente con responsabilidad a sus decisiones de endeudamiento. En este sentido es saludable que dispongan de una presencia activa en la Agencia Tributaria y que participen activamente, al menos tanto como en la consecución de cesiones impositivas, en las tareas de reducción del fraude fiscal en sus respectivos territorios. Todo ello ha de ser compatible con una realidad económica muy diversa, que exige mecanismos de solidaridad interregional para garantizar que todos los ciudadanos españoles tienen acceso a determinadas prestaciones y servicios en condiciones de igualdad.