Licencia de farmacia

POR SI si ya estaba poco movido el mercado de las farmacias, el decreto del Ministerio de Sanidad del pasado 17 de junio ha venido a enrarecerlo aún más. A las 18.400 farmacias instaladas en España se ha sumado en un mes. un aluvión de más de 50.000 peticiones de nueva apertura que están colapsando las administraciones autonómicas, a las que la ley pilló por sorpresa.Sanidad consideró urgente rebajar de 4.000 a 2.800 el número de habitantes para instalar una farmacia, lo cual está muy bien. De ese modo se suaviza uno de los criterios gremialistas que impiden que el servicio de farmacia esté más cerca de los usuarios. Pero metido a legislar por decreto-ley, el Gobierno no tuvo en cuenta que al derogar la legislación vigente sin dar tiempo a las comunidades autónomas a modificar sus normas las ha dejado sin instrumentos legales para hacer frente a la avalancha.

Una vez levantada una veda que los colegios de farmacéuticos han administrado con extraordinario celo, los licenciados sin farmacia se han lanzado de manera desaforada a pedir permisos de apertura. Algunos han presentado hasta 350 solicitudes. Si los servicios autonómicos no contestan en un plazo breve, puede entenderse que las peticiones se resuelven en positivo gracias al silencio administrativo.

Las comunidades autónomas se están apresurando a congelar como pueden -incluso mediante cartas personales- una situación ciertamente caótica. Aunque, bien mirado, tal vez sea ésta la única forma de liberalizar de una vez por todas la apertura de farmacias, algo a lo que los colegios se resisten numantinamente so pretexto de proteger la calidad del servicio, cuando resulta patente que lo que están protegiendo es su propio interés. Naturalmente, el de aquellos que ya tienen concedida la licencia de apertura.

Resulta curioso que las propias administraciones autonómicas regidas por el PP manifiesten su desacuerdo con el procedimiento seguido para modificar el régimen de farmacias, que les ha dejado en el más absoluto desconcierto. Si lo que se pretendía con ello era adelantarse a ordenaciones como la extremeña, ha llegado tarde. La norma aprobada por la Junta de Extremadura trata de limitar el negocio de los traspasos, que no es sino la venta de una licencia administrativa, y en cambio liberaliza los criterios de apertura de locales, adecuándolos por lo demás a las necesidades de una población a menudo diseminada en pequeños núcleos urbanos.

El miedo a que cunda el ejemplo extremeño ha movido precisamente a los colegios farmacéuticos a pedir al Gobierno que elabore una ley de ámbito nacional que establezca criterios uniformes. Una aspiración que choca con el reparto de competencias del Estado de las autonomías.