Cae el ministro argentino de Defensa por la venta ilegal de armas a Ecuador

Agobiado por las evidencias judiciales y las presiones políticas que venía soportando desde el mes de febrero, cuando estalló el escándalo de los embarques clandestinos de armas con destino a Ecuador, el ministro de Defensa del Gobierno argentino Óscar Camilión presentó, al fin, el martes su dimisión. El presidente Carlos Menem esperará hasta el domingo, cuando regrese de su viaje a Atlanta para asistir al debú de la selección argentina de fútbol en los Juegos Olímpicos, para nombrar nuevo ministro.

Desprovisto de sus fueros y de la protección política, el ex ministro de Defensa deberá presentarse ante el juez federal Jorge Urso, encargado de la investigación por la exportación ilegal de armas argentinas a Ecuador y Croacia, y seguramente será procesado por encubrimiento. La decisión del juez, autorizado por sus superiores a pedir el juicio político del ministro, obligó a Camilión a renunciar para evitar comprometer aún más al Gobierno. En el texto que dirigió al Congreso, el juez detalla las pruebas del supuesto encubrimiento de la exportación clandestina en el que habría incurrido el ministro.El propio Camilión admitió el pasado 16 de mayo, en un informe ante el Parlamento, que conocía los nombres de los oficiales y civiles involucrados en la operación, pero que los revelaría "en su debido momento". Además de los cargos por "encubrir" la exportación clandestina de armas, de "incumplir" los deberes de un funcionario público, el juez le acusa también de "poner en peligro las relaciones exteriores de la nación". El escándalo por la venta de armas provocó una extrema tensión en las relaciones con Perú, entonces en plena guerra fronteriza con Ecuador. Argentina era uno de los países que mediaba para la paz.

La renuncia de Camilión se suma a la de hace una semana del ministro de Justicia, Rodolfo Barra, que reclamaron representantes de la comunidad judía cuando se descubrió su militancia juvenil en grupos de filiación nazi y ambas se inscriben en un contexto político agravado por los anuncios del ministro de Economía, Domingo Cavallo, quien ha enviado al Parlamento un decreto de urgente tramitación para reducir a cero las asignaciones familiares que reciben los trabajadores con salarios superiores a mil dólares (128.000 pesetas). Esta medida, que supone una rebaja de salarios, fue explicada como un recurso desesperado para equilibrar en parte el abultado déficit fiscal y cumplir con las metas fijadas por el Fondo Monetario Internacional.