Las condiciones de acceso para los futuros pensionistas se endurecerán a partir de enero

El Gobierno quiere que el próximo mes de enero entre en vigor el desarrollo del Pacto de Toledo. Ello supone que a partir de esa fecha se endurecerán las condiciones de acceso para los futuros pensionistas, debido a la aplicación de "una mayor equidad y carácter contributivo". Y se traduce en dos medidas: el próximo año el cálculo de la pensión se hará sobre nueve años de cotización -ahora se hace sobre ocho- y se modificará el peso para el cálculo de la prestación de cada año cotizado, lo que afectará a quienes hayan contribuido a la Seguridad Social sólo 15 años en un porcentaje aún no decidido.

Otras recomendaciones del Pacto de Toledo tienen un horizonte temporal de aplicación más amplio y dos de ellas no se pueden aplicar ahora, según el Gobierno. La reducción de cotizaciones y la constitución de reservas para años de vacas flacas no son posibles en estos momentos por la situación financiera de la Seguridad Social. [Como propuesta para el futuro, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Juan Carlos Aparicio, dijo en El Escorial que se pueden incrementar los impuestos de consumo, con el fin de financiar una rebaja de las cotizaciones empresariales y "no penalizar la creación de empleo".]El Consejo de Ministros estudió ayer el informe que el titular de Trabajo, Javier Arenas, presentó sobre el Pacto de Toledo. En él se recogen unas propuestas no definitivas que se someterán al diálogo abierto en la ponencia parlamentaria y con la patronal y los sindicatos. Arenas aseguró que el Gobierno "no tomará ninguna medida que previamente no haya sido discutida" y que "ninguna de las medidas afectarán a las actuales pensiones".

Tan sólo se refiere a los ya jubilados la recomendación del mantenimiento del poder adquisitivo, que se hará según el IPC general, con cláusula de revisión y con efectos "para toda la legislatura". El Gobierno en su documento de propuestas recoge tres o cuatro hipótesis que plantean la revalorización automática" por ley.

Hay dos medidas que tendrán un impacto directo en las futuras pensiones. Una es el aumento gradual del periodo utilizado para el cálculo de la base reguladora desde los ocho años actuales hasta 15 y que se incrementará a razón de un año por cada ejercicio presupuestario. La segunda consiste en corregir el peso que tiene cada año de cotización para calcular la pensión. En la actualidad, con una contribución a la Seguridad Social de 15 años corresponde un 4% de pensión por cada año -el 60% de la base reguladora- y con una cotización de 35 años, un 2,8% por año -el 100% de la base reguladora-. Esos porcentajes se quieren aproximar, aunque el Gobierno no ha decidido todavía cuánto. Arenas aseguró ayer que eso se tiene que consensuar con los partidos y con los agentes sociales. Una de las hipótesis que propondrá el Gobierno es que por los primeros 15 años cotizados corresponda un 3,3% y por los 20 restantes, un 2,5%; eso supondría que quienes hayan pagado a la Seguridad Social sólo durante 15 años tendrán una pensión igual al 50% de la base reguladora.

Otras medidas se aplicarán a lo largo de toda la legislatura. El Gobierno hace esa propuesta en concreto para la separación de las fuentes de financiación de la parte contributiva de la Seguridad Social y de la no contributiva. Y sugiere que en 1997 haya "una situación transitoria" para que desaparezca la aportación de cotizaciones a prestaciones no contributivas -sanidad y servicios sociales- y queden sólo para financiar pensiones y prestaciones derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. También aplaza para el final de la legislatura la simplificación de los regímenes de forma que queden sólo dos: uno para trabajadores por cuenta ajena y otro por cuenta propia. En 1997 se realizará un informe de cómo aplicar esa unificación, así como la posibilidad de integrar en la Seguridad Social el Régimen de Clases Pasivas del Estado (los empleados públicos).

Los denominados destopes en las cotizaciones es una recomendación que el documento del Gobierno quiere demorar hasta dentro de siete años, aunque ayer Arenas habló de hacerlo en un periodo entre cinco y siete años. Esa medida consiste en cotizar por salarios reales para todos los grupos profesionales y dejar un único tope incluso para las categorías más bajas. La eliminación de los destopes tendría un gran impacto en las cotizaciones que pagan sectores como la banca, las eléctricas o las empresas con altos niveles salariales.