Buenas intenciones

BUSCAR FÓRMULAS para combatir el fraude fiscal es obligación de todo Gobierno. Encontrarlas es sumamente difícil. El plan aprobado ayer por el Consejo de Ministros peca, como otros, de este Gobierno, de falta de concreción. Es una simple enumeración de focos de fraude tributario, potenciales o reales, sin que sepamos con exactitud cuál es el valor añadido, por decirlo así, que va a tener la inspección fiscal impulsada desde el nuevo Gobierno. Los inspectores son los mismos y las medidas no parecen nada novedosas. Los sucesivos Gobiernos socialistas anunciaban cada cierto tiempo planes igual de ambiciosos. Es más, en enero del pasado año aprobaron un paquete todavía más abultado: ¡448 medidas contra el fraude! Alguien podría sentirse frustrado ahora porque el nuevo Gobierno sólo haya adoptado un centenar.De nuevo el Gobierno enfoca el problema con una lente esencialmente administrativista. No hay, al menos en la comunicación oficial, objetivos específicos de recaudación. Así, se anuncia la creación de unidades especiales contra el dinero negro o los patrimonios ocultos y se atribuye a cada foco potencial de fraude (los ya conocidos: IVA, inmobiliarias, etcétera ... ) un plan especial que, por supuesto, está por definir. Al final, se encarga a una comisión la tarea de dotar de contenido y calendario a cada uno de estos planes parciales, cuyo contenido real queda aplazado. Y no hay razones para suponer que estos planes de inspección conseguirán mejores resultados que los anteriores, anunciados con idéntico énfasis.

Todos parten de mecánicas similares cuyo éxito depende de la eficacia parapolicial de los inspectores de Hacienda en el control de comercios, empresas pequeñas o profesionales de alta remuneración. Ni siquiera está claro que estos focos de fraude -los de siempre- sean las únicas vías por las que se produce la fuga de impuestos en España. Tras estas cien medidas se echa de menos una reflexión más fructífera del Gobierno sobre cómo simplicar algunos impuestos -renta y patrimonio- para aliviar la tarea de los inspectores.

El Gobierno identifica las principales bolsas de fraude y los ámbitos en los que hay que poner "especial atención" Por este orden: IVA, impuestos especiales, comercio exterior, actividades y operaciones ocultas, interposición de personas físicas o sociedades mercantiles, paraísos fiscales, deslocalización de sujetos pasivos, fraude recaudatorio y actualización de balances. Enumera los criterios operativos para actuar: apoyo y asistencia a los contribuyentes, medidas preventivas, agilización de plazos, interrelación con otras Administraciones, potenciación de los medios humanos.... En materia social, se quiere atajar la morosidad de las Administraciones públicas y de las empresas -tanto públicas como privadas-, que deben 1,3 billones de pesetas a la Seguridad Social, y, paralelamente, combatir el fraude y los excesos en las prestaciones por incapacidad laboral e invalidez,y en los complementos de las pensiones. Se pretende también dar una vuelta de tuerca a las empresas que tengan deudas con la Seguridad Social o la Administración y se anuncia que no recibirán subvenciones estatales, algo ya establecido años atrás.

No les falta razón a los anteriores ministros de Economía y de Trabajo, Pedro Solbes y José Antonio Griñán, cuando afirman no ver demasiadas novedades en estas cien medidas. Se trataría de una edición abreviada de las 448 medidas propuestas por el último Gobierno socialista, sólo que con un nuevo envoltorio. Otra cosa es el éxito que ha tenido hasta la fecha esa lucha contra él fraude. Diversas estimaciones del pasado cifraron su cuantía por encima de los tres billones.

Es ahí donde se tiene que ver la eficacia del nuevo Gobierno, que debe pasar sin dilación de las palabras -de ese documento de 19 páginas aprobado ayer- a los hechos. La tarea no es fácil. Pues a la voluntad del Gobierno se debe unir la del contribuyente, sobre todo del que tiene más que ocultar y mayores posibilidades para hacerlo. Acabar con el fraude en, España requiere no sólo medidas coercitivas, sino un cambio en la cultura ciudadana. Ése es, probablemente, el verdadero reto.