El Tribunal Superior de Baleares avala la enseñanza en la escuela sólo en castellano o sólo en catalán

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha avalado en una sentencia como "constitucionalmente legítimo" el modelo de normalización lingüística del catalán en las escuelas de Baleares, definido como de "libre elección" o "separación electiva", que posibilita a los centros docentes y a los alumnos escoger en qué idioma oficial -castellano o catalán- prefieren ser educados, sin obviar el conocimiento de la otra lengua. Los jueces equiparan la opción de "sólo en una de las dos lenguas" al "bilingüismo integral o de conjunción lingüística", alentado desde posiciones nacionalistas.La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior ha desestimado un recurso de la Obra Cultural Balear (OCB) y de siete entidades sindicales y ciudadanas contra una orden administrativa de la consejería de Cultura de Baleares sobre el uso de la lengua catalana como lengua vehicular en la enseñanza no universitaria, dictada en agosto de 1994.

Esta reglamentación consagró la posibilidad de que "de manera excepcional" los colegios no universitarios pudieran "hacer servir exclusivamente una de las dos lenguas oficiales", tras argumentar de manera razonada su petición al departamento autonómico. Los impulsores del recurso se han manifestado "estupefactos" ante la sentencia, que han tildado de poco razonada jurídicamente.

La OCB entendió que la orden era "eminentemente liberal" y que acentuaba "el estado de desamparo" del catalán en Baleares. El recurso apoyó una posición de intervencionismo de la Administración "para transformar la realidad", de acuerdo con la Ley de Normalización Lingüística de 1986. En mayo de 1995, entre 20 y 35.000 personas salieron a la calle en Palma de Mallorca para reclamar la derogación de la norma y la dimisión del entonces consejero de Cultura, Tomeu Rotger, del PP.

El cuestionado apartado para la educación monolingüe no ha sido aplicado por ningún centro de Baleares en los dos últimos cursos y está en proceso de revisión por el Gobierno balear.