El Insalud promete dejar este año Ia demora media en listas de espera en cuatro meses
El PSOE valora la defensa de la sanidad pública hecha por José Manuel Romay
La demora media de un paciente del Insalud para ser operado es hoy de 207 días (casi siete meses). Con el plan de choque que ayer desmenuzó el ministro de Sanidad, José Manuel Romay, y que mañana irá a Consejo de Ministros, a final de año quedará reducida a 121 días. Para la ex ministra de Sanidad, Ángeles Amador, el plan es realista y posible; fundamentalmente porque "es modesto", pero lo que Amador más valoró ayer es la defensa que hizo Romay del sistema público. El ministro anunció una batería de medidas para mejorar el Sistema Nacional de Salud.
El plan de choque para reducir las listas de espera, adelantado la pasada semana por el propio presidente del Gobierno, fue desmenuzado ayer por el ministro, de Sanidad en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados.De aquí al 31 de diciembre, el Insalud, dijo Romay, tendrá que realizar un total de 37.119 intervenciones extraordinarias para ir recortando dichas listas. Una de cada tres se harán en clínicas privadas; el otro tercio, en los mismos hospitales públicos a base de horas extraordinarias; el resto, mejorando el rendimiento de los propios hospitales o aprovechando centros poco utilizados (véase el cuadro adjunto).
Las operaciones en centros privados y las realizadas fuera de los horarios en los centros públicos costarán en total 2.190 millones de pesetas. Respecto al llamado "incremento de la producción quirúrgica en jornada ordinaria" y que significaría simplemente un mayor rendimiento hospitalario, Romay no dio más datos. "Es posible hacerlo", dijo. "Lo hemos estudiado hospital por hospital".
"El plan es muy modesto", dijo la portavoz del PSOE Ángeles Amador. "En el Insalud se realizan 700.000 intervenciones quirúrgicas al año. Nosotros siempre habíamos hablado de eliminar las listas de espera de más de seis meses y logramos grandes avances hasta la huelga de médicos del año pasado, que volvió a echar por la borda lo logrado. Respecto al uso de centros privados, en 1995 nosotros hicimos por este sistema 25.000 operaciones".
Sida, problema de Estado
El plan dejará en una media de cuatro meses la espera para ser operado en el Insalud cuando el ministro admitió que la demora media conseguida en el País Vasco -60 días- se acerca a lo deseable.Pero la batería de medidas apuntadas por el ministro ante la comisión de sanidad del Congreso no se limitó a detallar la reducción de las listas de espera. Romay declaró el sida como un "problema de Estado" y anunció un plan de acción de aquí al año 2000. Tal anuncio provocó el aplauso de algunas organizaciones y el propio ministerio explicará hoy la situación respecto a los antirretrovirales, medicamentos aún sin aprobar en Europa que ya obtienen buenos resultados.
El anuncio de incorporar criterios de gestión privada a la gestión pública originó una dura crítica por parte de la portavoz de IU, Angeles Maestro, que tildó de "aberración desde el punto de vista de la equidad" esta filosofía. Romay aseguró defender la gestión pública, lo que, dijo, "no está reñido con flexibilizar las estructuras burocráticas y con intentar una mayor competitividad".
En la búsqueda de "una mayor eficiencia de los servicios públicos", Sanidad anunció ayer que habrá "una separación entre los órganos que financian y los que prestan servicios", habrá autonomía de los centros y competencia regulada entre ellos, libertad de elección de los ciudadanos -incluye el seguimiento del programa de la libre elección de especialista puesta en marcha por el PSOE- y dar entrada a la sociedad civil en los órganos de gobierno de las instituciones sanitarias".
La informatización, los incentivos a los profesionales, el control del gasto farmacéutico, la centralización de los datos diagnósticos y el evitar los ingresos innecesarios, entre otras medidas, redondean el plan a medio plazo que Romay se plantea para mejorar la sanidad pública y, sobre todo, el Insalud, cuya desaparición prevé Romay para final de esta legislatura o principios de la próxima al ser traspasadas sus competencias -81 hospitales; 36.417 camas; casi mil centros de salud- a las diez comunidades autónomas que aún no gestionan directamente su sistema sanitario público.
Una defensa del sistema público en cualquier caso, según Amador, que ayer ofreció al ministro "toda la colaboración y el apoyo", una vez despejadas las amenazas privatizadoras.
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