Primeros pasos

EL NUEVO Gobierno empieza a incidir en la actividad económica. De momento ha tomado su primera decisión y cometido su primera torpeza. La decisión, un recorte del gasto público de 200.000 millones, era imprescindible, aunque no sabemos si es o no acertada porque no ha explicado dónde se recorta ni con arreglo a qué criterios. La torpeza la firmó el vicepresidente, Rodrigo Rato, al avalar unas poco meditadas declaraciones del ministro de Exteriores sobre el calendario de la Unión Económica y Monetaria.La firmeza de los propósitos del Partido Popular sobre las posibilidades de que España forme parte de la tercera y definitiva fase de la Unión Económica y Monetaria (UEM) es relativamente reciente. Todavía algunos observadores recuerdan las dudas formuladas al respecto por algún cualificado portavoz del PP el pasado junio, o el marcado distanciamiento que personalidades cercanas a esa formación política han mantenido al respecto. Que ahora dos ministros de indudable peso específico en el Gobierno vuelvan a las andadas es, cuando menos, una imprudencia que puede costarnos cara. Literalmente cara: el debilitamiento de la credibilidad convergente de este país se traduce antes que después, como vimos el pasado jueves, en ventas de activos financieros denominados en pesetas, con un claro impacto sobre su tipo de cambio y, lo que es peor, en elevaciones de los tipos de interés de la deuda pública.

De poco vale arañar en algunas partidas de gasto público si al mismo tiempo se encarece innecesariamente la financiación de la deuda, dilapidando (le ese modo el ahorro equivalente al coste anual de muchos altos cargos públicos ahora suprimidos. El Consejo de Ministros ha adoptado decisiones que se inscriben claramente en esa pretensión de saneamiento de las finanzas públicas y que, por tanto, han de ser bienvenidas. La eliminación de un número relativamente elevado de altos cargos públicos y la reducción en 200.000 millones de pesetas de otras partidas de gasto no directamente vinculadas al capítulo de personal son, sin duda, un buen comienzo. Quedan, sin embargo, muy lejos del ajuste que se necesita para situar el déficit público en niveles que favorezcan descensos en los tipos de interés y, por supuesto, de las exigencias de acceso a la moneda única.

La distribución detallada de ese recorte del gastó y un organigrama administrativo más preciso tras la poda decidida en la Administración central del Estado permitirán evaluar más afinadamente las presumibles consecuencias favorables de tales decisiones. Malo sería que el ahorro producido en costes de personal se convirtiera en ineficacia de la Administración. El Gobierno también ha anunciado el propósito de elaborar un plan estratégico de privatizaciones de empresas públicas. Una decisión acertada que esperamos incorpore razonamientos detallados y que sea coherente con los nombramientos de responsables a los que habrá que asignar como principal función, aunque no única, la venta de esas empresas en las mejores condiciones para el Estado.

Es de esperar, en fin, que estos primeros pasos económicos del nuevo Gobierno marquen una senda que aproveche algunas de las favorables inercias de los últimos rneses, fundamentalmente en términos de mayor estabilidad económica. Aunque el Banco de España, en el informe trimestral de su servicio de estudio, además de anticipar una tasa de crecimiento de la, economía inferior a la esperada- y, desde luego, a la prevista por el anterior Gobierno-, alerta con fundamento sobre riesgos de estancamiento en la reducción de la inflación, cuando no de empeoramiento.

De concretarse tales pronósticos en los próximos meses, en modo alguno favorecerían el descenso de los tipos de interés y el necesario crecimiento de la inversión privada, esencial para la mejora de ese gran objetivo que es la lucha contra el desempleo. Favorecer mejores expectativas -o,por lo menos, no deteriorarlas- es una de las pocas cosas que pueden hacer los Gobiernos; cuando se conozca lo que se alberga bajo los enunciados ahora expuestos, tendremos ocasión de reafirmar su verdadero carácter en el ámbito del rigor presupuestario al que se dirigen.