Consejo de guerra a dos 'marines' que se negaron a hacer fichas de ADN

Iba a ser una prueba médica rutinaria para unos 20 infantes de marina estadounidenses que habían llegado a una clínica militar de una base hawaiana, justo antes de ser desplegados en el extranjero. Cuando se les pidió que aportaran sangre y muestras de células del carrillo para catalogación de su ADN, dos de los marines se echaron atrás y comenzaron a hacer preguntas sobre el uso que se daría al material genético y sobre protección de la intimidad. A partir de ayer los marines VIacovsky y Mayfleld se enfrentan a un consejo de guerra.

El cabo Joseph Vlacovsky, de 25 años, y el soldado de primera John Mayfield, de 21, se enfrentan desde ayer a un consejo de guerra en Hawai, y corren el riesgo de pasar seis meses en la cárcel, perder su graduación y ser expulsados del ejército por mala conducta, por su negativa a participar en el esfuerzo que el Departamento de Defensa realiza desde hace cuatro años para almacenar una gigantesca base de datos de ADN del personal militar y civil.Pero lo que el Cuerpo de Marines trata como un caso obvio de desobediencia ha arrastrado a todo el Departamento de Defensa a un debate nacional, cada vez más intenso, sobre si el aumento de las pruebas genéticas podría llevar a que las empresas, aseguradoras médicas, colegios, y otras instituciones discriminaran a las personas en función de su ADN. Algunos investigadores ya han informado de casos en los que se negó un empleo a personas sanas a causa de genes anómalos que revelaban susceptibilidad a diferentes enfermedades.

El Pentágono afirma que sólo quiere las muestras de ADN para identificar los restos del personal fallecido en acto de servicio. Como el ADN de cada individuo es único, está presente en todos sus tejidos y no cambia a lo largo de su vida. Es incluso más útil para identificar cadáveres que el método tradicional de recurrir a los archivos de huellas dactilares y fichas dentales.

Lo que preocupa a VIacovsky y Mayfield -y a los defensores de las libertades civiles que los apoyan- es la posibilidad de utilizar abusivamente la información del ADN, y la posible insuficiencia de los actuales sistemas de protección de la intimidad. Ambos infantes de marina también han planteado cuestiones de allanamiento, registro e incautación contempladas en la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, al considerar que no se les podía obligar a proporcionar datos tan personales como su material genético.

El Pentágono, que reconoció que sus esfuerzos iniciales para establecer el banco de datos de ADN presentaban ciertas carencias, estableció la semana pasada "refinamientos de la política" -hechos públicos el jueves- que refuerzan la protección de la intimidad pero reafirman la necesidad del banco de datos genético, situado en Gaithersburg (Maryland) y gestionado por el Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas.

En vez de conservar las fichas de ADN durante 75 años, como se preveía originalmente, el Pentágono afirma que el personal podrá solicitar la destrucción de sus muestras genéticas cuando abandone el Departamento de Defensa. También asegura que la información genética no se empleará para nada que no sea la "identificación de restos humanos", salvo que un tribunal solicite una muestra para un proceso criminal.

Sin embargo, estas modificaciones no sirvieron para acallar a los adversarios. "No de a de ser j

una política de coacción", declaró Wendy McGoodwin, directora ejecutiva del Consejo por una Genética Responsable, una institución sin ánimo de lucro con sede en Cambridge (Massachusetts), que organizó el jueves una conferencia de prensa en Washington a la que asistieron VIacowsky y Mayfield. "No hay un mecanismo que permita a los soldados negarse a participar. Muchos ni siquiera saben que les han tomado muestras de ADN".

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