Japón violó el derecho internacional al utilizar esclavas sexuales en la guerra

La relatora especial de la ONU que investiga la violencia contra la mujer, Radhika Coomaraswami, pide a Tokio que asuma su responsabilidad jurídica por la prostitución de miles de mujeres durante la II Guerra Mundial e indemnice a las víctimas. En su informe La esclavitud sexual al servicio del Ejército durante la guerra, presentado en Ginebra ante la Comisión de Derechos Humanos y basado en información de las dos Coreas y Japón, insta a las autoridades a reconocer que los "centros de descanso" o burdeles del Ejército japonés violaban el derecho internacional.

De las cerca de 200.000 "mujeres de placer" que se estima fueron obligadas por el Ejército japonés entre 1932 y el final de la II Guerra Mundial a prostituirse, sólo poco más de 800 siguen hoy con vida y dispuestas a luchar para recobrar su dignidad y que las autoridades niponas asuman su responsabilidad.Coomaraswani quiere cambiar la denominación de "mujeres de placer" como son conocidas las coreanas, taiwanesas, filipinas, malayas e indonesias, japonesas y holandesas reclutadas a la fuerza para colmar los brutales instintos sexuales, a juzgar por las vejaciones y violencias a que fueron sometidas, de los soldados y oficiales por la de "esclavas sexuales al servicio del Ejército". Hasta 40 hombres podían pasar diariamente por la cama de las víctimas. La creación de estos burdeles de campaña se remonta a 1932, cuando Japón y China luchaban por Shanghai.

Es difícil saber con precisión cuántas mujeres -muchas de ellas en su más temprana adolescencia- pasaron por estos burdeles y sobre todo cuántas sobrevivieron. Se estima que en Corea se reclutaron más de 200.000. Las enfermedades venéreas en estado avanzado eran razón para eliminarlas. En Micronesia, señala el informe, soldados japoneses mataron a 70 "mujeres de placer" en una noche por miedo a que se convirtieran en una carga o a la vergüenza que sentirían de ser capturados por las tropas americanas que se acercaban.

Secuestradas y engañadas

"Entre las mujeres acantonadas en las zonas de combate, muchas eran obligadas a participar en las operaciones militares, incluidas las misiones suicidas. Otras veces las abandonaban a kilómetros de sus hogares con el riesgo de caer en manos enemigas".

Los documentos que han sobrevivido a la destrucción revelan, "sin duda posible", según la relatora, la medida en que las fuerzas japonesas eran directamente responsables de estos burdeles y los aspectos relativos a la organización y el grado de legitimación e institucionalización de los centros. El reclutamiento se efectuaba mediante el alistamiento voluntario de prostitutas, el engaño con ofertas falsas de empleo bien remunerado como camareras, cocineras o costureras para el Ejército o por el procedimiento del secuestro de los países controlados por Japón.

La relatora recoge algunas de las declaraciones escalofriantes de 16 testigos entrevistados. La coreana Chong Oksun, de 74 años, hace hincapié en las brutalidades que estas mujeres debían soportar, además de las agresiones sexuales y las violaciones cotidianas perpetradas por los soldados japoneses. Secuestrada a los 13 años por un soldado japonés cuando iba a buscar agua, fue internada junto a otras 400 jóvenes coreanas en un campo para servir como esclavas sexuales a unos 5.000 soldados. "Cada vez que protestaba me pegaban o me llenaban la boca de trapos. Uno de ellos me introdujo una cerilla en el sexo hasta que le obedecí. Tenía el sexo ensangrentado", señala. A otras, las protestas les costaron la vida. "Ya que las coreanas lloran porque no han comido, hervid la carne humana y que se la coman", ordenaba un soldado japonés. Chong dice que "más de la mitad de las jóvenes que se encontraban en el burdel fueron asesinadas".

Con motivo de la presentación del infórme una veintena de organizaciones no gubernamentales asiáticas han creado una alianza para luchar por que la verdad emerja. Más importante que las indemnizaciones, que, dadas las pocas supervivientes y los años transcurridos, se convertirían en un gesto simbólico, reclaman al Gobierno japonés que se una a los esfuerzos internacionales para proteger los derechos y la dignidad de la mujer y deje de oponerse al informe de la relatora y asuma tanto su responsabilidad moral como legal en el marco del derecho internacional.