¿Mal servicio y buen negocio?

¿NEGOCIO O servicio sanitario público? E n la mezcla de ambas cosas se sitúa la raíz de todos los males que afectan actualmente al sector de la farmacia. Es un servicio sanitario público con clientela fija y pago asegurado a cargo del Estado, que financia la mayor parte del consumo de medicamentos. Pero también es una empresa, con todos los beneficios que esto reporta pero sin la competencia que precisa el mercado. Salirse del cesto de la disciplina gremial impuesta por el colegio cómo han hecho dos farmacias, una en Madrid y otra en Valencia, al abrir su establecimiento 24 horas al día les ha supuesto la airada repulsa de sus colegas e intentos de intimidación diversos.El mayor argumento de los empresarios farmacéuticos para no cambiar el actual sistema es afirmar que funciona. Aunque sea a costa de incomodidades y mayor gasto para los consumidores. Éstos ya saludaron el desmantelamiento de algunos de los monopolios comerciales de las farmacias, lo que ha permitido un notable abaratamiento de precios en determinados productos tales como las leches maternizadas, que hoy pueden adquirirse en los supermercados. Otro tanto ocurre con los horarios: si el sistema actual de guardias nocturnas funciona también como dice el Colegio de Farmacéuticos, ¿porqué extraña razón se llena cada noche la farmacia madrileña pionera en su servicio continuado de 24 horas?

Mantener el actual sistema, que permite un negocio vitalicio, un puesto de trabajo transferible entre generaciones y un extra a la jubilación gracias a traspasos millonarios, es el caballo de batalla de los colegios y las federaciones de empresarios farmacéuticos. Pero es indudable que algo se está moviendo en el tranquilo estanque del hasta ahora monopolio farmacéutico. El, proyecto de ordenación que acaba de aprobar el Gobierno regional de Extremadura -que, en la práctica, convierte a la farmacia en una concesión administrativa, al servicio de la comunidad- ha puesto en guardia al sector sobre cuál es el siguiente paso a dar: pedir una ley de mínimos de ámbito nacional para que nadie pueda salirse de la fila; para que si las comunidades, en el libre ejercicio de sus competencias, regulan la ordenación farmacéutica en su territorio, se vean obligadas a hacerlo dentro de los estrechos límites actuales y no puedan seguir el ejemplo extremeño.

Dicen que a cambio están dispuestos a ceder en algunos límites en horarios y distancias mínimas admisibles para la apertura de nuevas boticas. Difícilmente concesiones de semejante modestia van a contentar a los farmacéuticos en paro.

La Ley del Medicamento, base de la actual regulación, contempla el desarrollo de una normativa específica para el sector. Está por ver qué intereses primará. Si es el de un servicio público fuertemente subvencionado, habrá que buscar un nuevo equilibrio entre la obligatoriedad de atender a toda la población por parte de las empresas farmacéuticas y el coste derivado de tal sistema, que sale de los bolsillos de todos.

De no ser así, deberá ser el mercado el que acabe regulando el funcionamiento de estas empresas, siempre bajo el imprescindible control de calidad por parte de las autoridades. Pero en ningún caso van a poder mantener los farmacéuticos esta especie de finca en la que reciben los beneficios de un servicio público monopolizado mientras gestionan sus empresas como si no tuvieran que rendir cuentas más que a sí mismos en esa asociación de autodefensa del privilegio que es el colegio oficial.