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33 propuestas para la reforma de Maastricht

La limitación del veto, la política exterior, el empleo y la 'comunitarización' de la seguridad interna son las grandes batallas

Xavier Vidal-Folch

Gobiernos e instituciones afilan el lápiz ante la Conferencia Intergubernamental (CIG) para reformar el Tratado de Maastricht, que empieza el próximo viernes en Turín. El gran objetivo es adaptar la Unión Europea (UE) a su cuarta ampliación, hacia el Este ex comunista y el Sur mediterráneo (Malta y Chipre), que puede convertirla en un club de 27 o 30 países. De la pléyade de textos fabricados expresamente para la ocasión surgen 33 propuestas concretas de reformas.Las principales batallas se producirán en torno a la extensión del voto por mayoría para tomar decisiones -es decir, la limitación del veto-, los avances en política exterior, la inclusión del empleo en el tratado y la comunitarización de las políticas de seguridad interior que permitan culminar la libertad de circulación de las personas (inmigración, criminalidad, droga, terrorismo), y que actualmente son sólo intergubernamentales.

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Éstos son los puntos de acuerdo y de desacuerdo, organizados en cuatro capítulos: libertades y seguridad interna, instituciones, política exterior y de seguridad común (PESC), y derechos humanos y empleo.

LIBERTADES Y SEGURIDAD INTERNA

'Comunitarizar' el 'tercer pilar'. El objetivo es reforzar la libre circulación de las personas y evitar que ello vaya en detrimento de la seguridad interior. Para esto hay que integrar el hoy intergubernamental tercer pilar -asuntos de Justicia e Interior, incluido el convenio de Schengen- en el marco comunitario: ello supondría tomar decisiones por mayoría y no por unanimidad, otorgar derecho de iniciativa a la Comisión y el control jurisdiccional al Tribunal. Esta comunitarización urge, sobre todo, en los aspectos más ligados a la circulación de las personas (cruce de fronteras, lucha contra la droga, política de inmigración, visados...).

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Medidas: establecer "condiciones comunes de entrada, residencia y estatuto de los nacionales de terceros países; reconocimiento mutuo de las resoluciones de los tribunales nacionales; lucha contra la criminalidad y el fraude; estimular la cooperación efectiva entre las Administraciones" nacionales [Comisión].

Ventajas de la comunitarización: toma de decisiones más eficaz; carácter obligatorio de las decisiones; control democrático y judicial [Benelux].

Los asuntos de Justicia e Interior son "de alta sensibilidad interna", y afectan a la soberanía nacional, por lo que "debe continuarse tomando todas las decisiones" por unanimidad, manifiesta el Reino Unido.

INSTITUCIONES

Textos de los tratados. Hay doce textos básicos con más de 700 artículos y muchas normas obsoletas; tres comunidades jurídicamente distintas y una Unión que las engloba sin tener personalidad jurídica: hay, pues, que simplificar y "consolidar" los tratados [Comisión].

Parlamento Europeo. Su papel es "evidentemente primordial, y debe ser reforzado" [Comisión]. Sus procedimientos de decisión, (hoy hay ocho al menos) deben limitarse a tres [Comisión]. Francia se opondrá "a toda evolución susceptible de romper el equilibrio institucional en detrimento del Consejo". El Parlamento "no necesita nuevos poderes y no aceptamos que desplace el papel primordial de los Parlamentos nacionales" [Reino Unido].

Parlamentos nacionales. Deben asociarse más a la construcción comunitaria y, por tanto, "disponer a tiempo de toda la información necesaria de las instituciones y órganos de la Unión y de sus Gobiernos" [Comisión]. Francia propone crear un Alto Consejo Parlamentario formado, por delegaciones de todas las Cámaras nacionales que sería siempre consultado sobre la subsidiariedad "y sobre cualquier proposición" referida al tercer pilar.

Tribunal de Justicia (de las Comunidades Europeas, con sede en Luxemburgo). Hay que reforzarIo, sobre todo para hacer que sus sentencias sean más cumplidas [Comisión]. Nadie ofrece soluciones para el problema que creará la ampliación, que con 30 Estados lo aumentaría a 60 magistrados, lo que perjudicaría la coherencia de la jurisprudencia y su carácter colegial. "No hay que reducir" sus competencias, sino "extenderlas a los ámbitos" del tercer pilar [Benelux]. El Reino Unido critica al tribunal porque "a veces sus interpretaciones de la ley van más allá de lo que pretendían los Gobiernos" al asumirlas. Propone limitar la retroactividad de sus sentencias y limitar la responsabilidad del Estado por daños y perjuicios.

Comisión. Dice que sólo debe "desempeñar plenamente su papel de órgano ejecutivo bajo el control de la autoridad legislativa", y que debe garantizarse "su derecho de iniciativa y su función de guardiana de los tratados", sin pedir más competencias, pero si se comunitariza el tercer pilar, las adquirirá automáticamente. El Benelux defiende "Ia necesidad de reforzar el papel" de la Comisión en la política exterior y en Justicia e Interior, dándole pleno derecho de iniciatíva porque "es el motor de la Unión". El Reino Unido apuesta por "la retirada automática" de las propuestas de la Comisión si no se aceptan en un plazo determinado, y la "revisión automática o cancelación" de la normativa comunitaria tras un periodo establecido.

Comisario. Reducirlos a uno por país. Ello supone que los países grandes, entre ellos España, pasan de dos a uno [Comisión y Benelux]. Nombrarlos como actualmente, de común cuerdo entre el Presidente de la Comisión y los Gobiernos. El presidente, elegido como hasta ahora, por el Consejo Europeo y sometido a la aprobación del Parlamento [Comisión]. Francia propone reducir su número a diez y otorgar al presidente "un verdadero poder de constituir su equipo". El Reino Unido sugiere que los Estados grandes tengan siempre un comisario y los pequeños no, así como establecer dos categorías de comisarios, unos con voto y otro sin él, o bien comisarios con y sin cartera.

Comitología. Reducir la multiplicidad de comités existentes a tres: consultivo, de gestión y de reglamentación [Comisión].

Ponderación de la población. Doscientos mil luxembur-

gueses tienen un voto, igual que ocho millones de alemanes, porque se prima la representación de las soberanías estatales por encima de la de los ciudadanos. Si el sistema no cambia con la ampliación -que afectará a países poco poblados-, este desequilibrio aumentará. Hay dos alternativas: revisar la ponderación, esto es, aumentar los votos de los países con más habitantes, lo que "sería la solución más simple", defendida explícitamente por el Reino Unido y Francia; o un sistema nuevo que combine Estados y población. El Benelux, líder de los países pequeños, acepta esta última fórmula.

Generalizar el voto por mayoría en el Consejo. Hacer de la unanimidad la excepción y no la regla, incluso en política exterior, porque en una Unión ampliada "mantener la unanimidad conduciría frecuentemente a la parálisis" [Comisión]. Sin llegar a suscribir su generalización, el Benelux, Francia y Alemania abogan por la "extensión" de su campo de aplicación. Francia está a favor, "a condición" de que se aumente la ponderación de los votos en favor de los Estados más poblados y no renuncia al "compromiso de Luxemburgo" (apelación in extremis a la unanimidad cuando esté en juego un interés nacional esencial). El Reino Unido "se opondrá a cualquier extensión del voto por mayoría cualificada", argumentando que la unanimidad no ha impedido tomar decisiones.

Presidencia semestral de la Unión. Con 27 Estados miembros, a cada uno le tocaría ejercerla cada trece años. Hay dos propuestas. Una, mantenerla en su actual formato rotatorio semestral [Comisión]. Otra, constituir "equipos presidenciales de tres o cuatro Estados miembros" que la ejerzan durante un año o más [Reino Unido].

Varias velocidades o flexibilidad. La Unión no debe "condenarse a progresar al ritmo de sus miembros más lentos", por lo que algunos podrán avanzar más, constituyendo "integraciones reforzadas", aunque se rechaza una "Europa a la carta" [Comisión]. Condiciones para que esa flexibilidad no diluya ni disperse a la Unión: que las distintas velocidades sean compatibles con los objetivos, respeten el marco institucional, estén abiertas a la repesca de los más lentos y no afecten al ámbito del mercado interior ni a sus políticas de acompañamiento [Comisión].

Para el Benelux, la "Europa a la carta" es "inaceptable". Comparte las condiciones impuestas por la Comisión a la flexibilidad y les añade que la distinta velocidad sea "una solución de último recurso", una vez agotados todos los intentos de avanzar al mismo ritmo.

Todos los socios deben "poder participar de la misma forma en los avances de la construcción europea, pero las dificultades momentáneas de uno para seguir la marcha adelante no deben obstaculizar la capacidad de acción y progreso de la Unión" [Francia y Alemania]. Ergo, hay que incorporar al tratado "una cláusula de carácter general" permitiendo esta velocidad variable, pero "en el marco institucional único de la Unión" [Francia y Alemania].

El Reino Unido apoya la geometría variable", pero "sin caer en la trampa de una Europa a dos velocidades con un núcleo (duro de países o de políticas".

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