Inminente juicio del Congreso colombiano a Samper por su relación con el narcotráfico

Colombia esperaba ayer con expectación la inminente comparecencia del presidente Ernesto Samper ante la Comisión de Acusaciones del Congreso que investigará su relación con el narcotráfico. El Código Pe nal establece que la citación debe producirse en un plazo no mayor a las próximas 48 horas. El juicio contra el jefe del Estado echó a andar el martes por la noche, cuando la Comisión de Acusaciones, en una tormentosa sesión, revocó el fallo inhibitorio que esta misma instancia había dictado en diciembre sobre el caso -que entonces salvó la cara a Samper- y eligió de nuevo para presidir la investigación al diputado liberal Heyne Mogollón, del mismo partido que el presidente.

Samper ha sido acusado por el fiscal general de Colombia, Alfonso Valdivieso, de falsedad, enriquecimiento ilícito, fraude y encubrimiento.La reunión de la Comisión de Acusaciones fue larga y controvertida. Dos de sus 15 miembros amenazaron con renunciar por considerar que todo el proceso parlamentario se ha urdido en entrevistas semisecretas. La tarea de presidir la investigación fue pasando de un diputado a otro hasta que al final cayó por unanimidad en manos de Heyne Mogollón.

Su elección fue muy contestada por la oposición conservadora. "Se avecina un nuevo mogollonazo", comentaban ayer las malas lenguas en Bogotá. "Es muy lamentable", dijo a EL PAÍS el presidente de la Dirección Nacional Conservadora, Jaime Arias. "Veremos una segunda escena de algo que no dejó tranquilo al país". Según el senador Arias, Mogollón no tiene las condiciones ni la experiencia para abordar este complejo proceso. "Seguramente lo asumirá con la misma superficialidad con que lo hizo en diciembre".

¿Qué sigue ahora? El examen de todas las pruebas presentadas y el desfile de testigos por la comisión. En la lista están el ex ministro de Defensa, Fernando Botero; el ex tesorero de la campaña electoral de Samper en 1994, Santiago Medina; y la ex congresista María Izquierdo, vinculada a este escándalo y actualmente en prisión. Pero entre ellos habrá esta vez una novedad. La Comisión de Acusaciones resucitó en su sesión del martes a una vieja testigo contra el presidente: María fue escuchada en unaversión magnetofónica. Se trata de una famosa mujer, cuya identidad se mantiene secreta, que es la única persona que asegura que Samper se entrevistó personalmente con los jefes del cartel de Calí. El testimonio de María lo intentó presentar el año pasado al Congreso de Estados Unidos el senador republicano Jesse Helms.

La Comisión de Acusaciones tiene 30 días para decidir si hay o no lugar para elevar una acusación y si encuentra motivos para trasladar el caso al pleno de la Cámara de Representantes. Es allí donde se decide si se debe acusar o no al presidente ante el Senado. Lo que aún no está claro es si este juicio se celebrará con luz y taquígrafos. Un proyecto para levantar el secreto del sumario ya inició su trámite en el Congreso. Pero las opiniones están divididas. El propio fiscal Valdivieso no lo ve con buenos ojos, pues sostiene que quedarían al descubierto pruebas que se refieren a otros procesos. También está en contra el abogado defensor del presidente Samper, que considera que sólo cuando llegue al pleno de la Cámara se debe levantar la reserva. Sin embargo, la Corte Constitucional está a favor, ya que los juicios a altos funcionarios deben ser públicos.

Ayer, y después de versiones contradictorias, se empezaba a despejar otro capítulo escandaloso de este proceso. Según el diario El Tiempo, uno de los más importantes de Colombia, Clara Valencia Linares, abogada de la Procuraduría [fiscalía], asesinada el pasado lunes en Bogotá, estaba investigando el cambio de las placas de la matrícula de dos vehículos adscritos a organismos de seguridad del Estado que estuvieron en el escenario del crimen del dirigente conservador Álvaro Gómez, ocurrido a finales del año pasado en Bogotá.

Por otra parte, Samper anunció ayer que presentará al Congreso un proyecto para reformar la Constitución e implantar la pena de muerte para los autores de secuestros y matanzas. En Colombia se comete el 70% de los secuestros que se realizan en el mundo; sólo en 1995, murieron en matanzas en la región bananera de Urabá al menos 120 personas.