En defensa de la enseñanza pública

Es evidente que ciertos oscuros intereses de los conservadores comienzan a minar uno de los pilares del Estado de bienestar en España: la enseñanza' pública, laica, libre y accesible a todas las clases sociales de nuestro país. El ataque esta siendo tan directo que los sindicatos de la enseñanza de la Comunidad Valenciana se hallan a un paso de la ruptura con la Consellería de Educación. Por lo que se ve, el PP de la Generalitat valenciana y de los ayuntamientos de Valencia y de Albacete -también del PP- ya vienen propinando una clara embestida a la enseñanza pública en pro del favorecimiento descarado de la "recta" educación privada o, como algunos la suelen denominar, la catequesis en la dogmática católica; pues se han percatado de que en la enseñanza religiosa y en los sectores más afines a la Iglesia católica se encuentran unos buenos montones de incondicionales e históricos partidarios y votantes de la derechona que, con tan buena pluma, nos describe Umbral en sus artículos.El primer aviso de que algo se iba tramando en contra de la educación estatal nos lo proporcionaron los ayuntamientos antes aludidos. Los respectivos alcaldes vienen distribuyendo a los padres un cheque escolar para que elijan el colegio, religioso -¡ahí está el acicate del futuro voto- que les plazca. Y con todo y esto, ¡cójanse a algo para no caerse! eso no es más que una minucia en comparación con la política cultural de los políticos que presiden la Generalitat valenciana-

1. Despreciaron los Premios Octubre del año pasado, que galardonaron a lo más destacado del mundo cultural valenciano.

2. Han proscrito en las escuelas, como antaño la célebre censura franquista, el libro Per Argumentar.

3. Derogaron en Navidad la orden de homologación del catalán y uno de sus dialectos, el valenciano.

4. Siendo los administradores de la Comunidad Valenciana y del erario público de sus ciudadanos, en el mapa escolar que acaban de sacar, a la luz pública están favoreciendo a la enseñanza confesional y concertada en detrimento de la autonómica o estatal, que depende directamente de ellos.Acerca del último punto, observen la excusa que nos ha ofrecido hace unos días una autoridad educativa del PP de Alicante: "Si la mayoría de la gente prefiere la enseñanza privada, nosotros ¿qué le vamos a hacer?". A lo cual, podríamos preguntarle: ¿Cuántos españoles de humilde condición, progresistas, no reaccionarios y partidarios de una formación libre e igualitaria eligen la privada?

Sería conveniente que la Generalitat valenciana rectificase no sea que se le venga encima un sin fin de movilizaciones, como la programada para el 28 de febrero, de gran parte de su ciudadanía, incluidos muchos de los partidarios del Partido Popular. Además, si la educación religiosa concertada viene siendo pagada con el sudor de todos los españoles, por muy agnósticos y ateos que sean, y si en los colegios e institutos públicos se continúa impartiendo la asignatura de religión católica, ¿qué más quieren? ¿Por qué no dejan en paz a la enseñanza estatal, que a la mayor parte de la población beneficia y es una de las garantías de nuestro Estado de bienestar?

En fin, tan mal va gestionando su departamento el consejero de Educación, Fernando Villalonga, que si llega -ya se estará frotando las manos de impaciencia- a ministro de Educación en un futuro Gobierno de José María Aznar, tal como el astuto consejero espera, entonces ya sufriremos en el resto de España -sobre todo los menos agraciados económicamente- los frutos de esta insolidaria política educativa que los conservadores actualmente están experimentando por las tierras de las Fallas, de las naranjas y de las sabrosas paellas.Raimundo Montero es profesor de Filosofía.