El Gobierno priva a las farmacias del monopolio de las leches maternizadas

Las leches infantiles para niños sanos se podrán comprar pronto en cualquier comercio de alimentación. El Consejo de Ministros aprobó ayer un decreto que liberaliza su comercialización, arrebatando así a os farmacéuticos su monopolio. Éstos, que acaban de perder el de los pañales, criticaron ayer agriamente la medida del Gobierno, tachándola de puramente electoralista. Sobre la leche maternizada, la amenaza era ya una realidad en la calle. Desde hace más de un año, diversos supermercados de Cataluña y el País Vasco vendían ya ciertas marcas de este producto.

Diversas asociaciones de consumidores valoraron, sin embargo, de forma muy positiva el decreto aprobado ayer porque esta medida, según las organizaciones, permitirá ahorrar más de un 30% a la hora de adquirir este producto. "El coste de una lactancia se verá disminuido aproximadamente en unas 25.000 pesetas", aseguraron ayer en una nota conjunta las asociaciones Uce, Ocu, Ceaccu, Hispaccop, Cecu, Unae y Fuci.Los farmacéuticos no lo ven así. El Consejo General de Colegios de estos profesionales aseguraba ayer que el margen de beneficio de la farmacia en estos productos es del 18%, "similar a los márgenes brutos de las principales grandes superficies españolas". A juicio del consejo, el precio se encarecerá en razón de los costes mayores en su distribución. En una aparente contradicción de este argumento, los farmacéuticos añadían que el decreto va a propiciar un aumento del consumo, contra las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que aconseja siempre la lactancia materna. El Consejo estuvo ayer reunido para decidir, precisamente, si rebaja los márgenes en la venta de los pañales, al igual que han hecho las oficinas catalanas, para seguir vendiéndolos.

Un objetivo fundamental de la medida gubernamental de ayer es la de promover que la leche infantil se abarate. De hecho, ese ha sido el efecto inmediato conseguido en otros países. También alienta el decreto la simple liberalización de comercialización de un producto que carece de carácter sanitario. "El Gobierno entiende que no existe ninguna razón de carácter sanitario para seguir manteniendo esta exclusividad de venta en farmacias de leches infantiles, referidas a preparados de inicio y continuación destinadas a niños sanos. Esto no incluye otro tipo de leches medicamentosas que, bajo prescripción facultativa, se van a seguir vendiendo exclusivamente en farmacias". Sigue en vigor, no obstante, la obligación de hacer constar en el etiquetado de los envases de estos productos que la leche materna es la mejor para la alimentación del, recién nacido, siendo la prescripción del pediatra esencial en la nutrición del lactante.

Sólo España y Grecia mantenían en la Unión Europea restricciones en la venta de este tipo de preparados lácteos, según recordaba ayer el propio Consejo de Ministros.

La batalla por privar a las farmacias de este lucrativo monopolio -las leches y papillas infantiles suponen una venta anual de 22.000 millones de pesetas- está en la calle desde hace casi un año. En marzo de 1995, la empresa Granjas Castelló, que comercializa la leche El Castillo, puso a la venta en una importante cadena de supermercados catalanes sus dos nuevos productos infantiles: Nadó 1 y Nadó 2.

La Generalitat intervino retirando el producto, pero otras cadenas de supermercados se unieron a la iniciativa exponiendo los productos en sus estanterías. Tales acciones suscitaron el debate. Las organizaciones de consumidores y los distribuidores se manifestaron a favor y Sanidad anunciaba en abril que estudiaría el tema. En junio, Eroski empezaba a vender la leche maternizada en sus hipermercados del País Vasco.Según fuentes cercanas a la industria, la decisión primera de entrar en las redes de distribución normales de Cataluña para seguir posteriormente en diversas zonas de España, no fue una acción precipitada, sino el resultado de un análisis profundo sobre la situación en toda la Unión Europea.

La Generalitat, que impuso multas a Granjas Castelló, además de efectuar diversos requerimientos para que retirase sus productos de los supermercados, anunció ayer que no retira dichas sanciones. "Se impusieron por una normativa", dijo ayer el consejero de Comercio, Lluís Alegre, a Europa Press, "y no creo que el decreto tenga efectos retroactivos".

El decreto de ayer entrará en vigor 20 días hábiles después de publicarse en el BOE.