El Gobierno tratará de 'vender' una legislatura reformista que cree haber explicado mal

Los socialistas creen que han vendido insuficientemente las numerosas reformas legales que han aprobado esta legislatura y van a hacer un esfuerzo por explicarlas durante la precampaña electoral. Lo compartirán con el mensaje de la defensa del Estado del bienestar, dentro de los planes de convergencia con Europa, que será uno de los ejes fundamentales de la carrera hacia las urnas. El Ministerio de la Presidencia convocará próximamente a algunos altos cargos de los diferentes departamentos del Gobierno para estudiar una estrategia que les permita dar publicidad a las reformas, sector por sector.

En el Gobierno existe frustración a causa del escaso conocimiento, público que, a su juicio, se da de las re formas emprendidas en esta legislatura. Sus portavoces atribuyen su escaso conocimiento a la marea de escándalos que ha tapado la actividad del Gobierno. Ayer iniciaron esta tarea divulgativa el secretario general del portavoz del Gobierno, Miguel Gil, y el secretario general de Relaciones con las Cortes, Enrique Guerrero.El,secretario general de Relaciones con las Cortes calificó esta legislatura -que hoy finaliza oficialmente- como la de las reformas y puso de relieve que, pese a haber sido la más corta, se han aprobado más leyes que en ninguna otra, excepto, lógicamente, la primera de ellas, de 1982-86, cuando los socialistas accedieron al Gobierno. Recordó que entre 1993 y diciembre de 1995 se han aprobado 175 leyes, frente a 149 en la legislatura 1986-89 y 166 en la del 89-93, cuya duración fue un año superior en ambos casos.

Más allá de la cantidad, los portavoces gubernamentales destacan la calidad de las reformas aprobadas sobre el mercado laboral, en el ámbito de la justicia y estructurales, como el paquete de telecomunicaciones, la nueva legislación sobre alquileres y de comercio. También hacen hincapié en que los efectos de estas reformas dejarán su huella con el paso del tiempo.

En el ámbito de la Justicia subrayaron en un balance rápido, la reforma del Código Penal, la Ley de Jurado, el aumento de la autonomía del Consejo General del Poder Judicial y todo el paquete de medidas de prevención, persecución y penalización de los delitos de corrupción: modificaciones legales sobre control de los fondos reservados, sobre las contrataciones de las administraciones públicas, las incompatibilidades de altos cargos y la creación de la Fiscalía Anticorrupción.

Dos proyectos en el alero

Dos proyectos importantes han quedado, en el alero de lo que fue el paquete de medidas del cambio sobre el cambio de la anterior campaña electoral -la legislación sobre partidos y la reforma del reglamento del Congreso, ante la imposibilidad de consenso entre el Gobierno y la oposición-. Dos proyectos que los repesca el programa electoral del PSOE que está redactando el presidente del grupo parlamentario, Joaquín Almunia.La reforma del mercado laboral es otro de los paquetes legislativos aprobados a los que el Gobierno otorga especial importancia. Atribuye a esta reforma nada menos que la distensión actual del Gobierno con los sindicatos y la creciente recuperación del empleo. Las fórmulas flexibles de contratación han permitido que se necesite menos crecimiento -a partir de un 2% ya es posible- para crear empleo, según, argumentan.

Gil y Guerrero destacaron que el Gobierno, en esta campaña electoral, parte de una situación mucho más favorable que en la de junio de 1993 en lo que respecta al principal problema de España, el empleo. Precisaron que las tasas de crecimiento están ahora en un 3,5%, cuando llegaron a estar en 1,1% negativo en la primavera de 1993, y que de una etapa a otra se han creado 500.000 empleos, de los 11.700.000 a los 12.200.000 actuales.

Pero los estrategas de la campaña electoral del PSOE están más interesados en orientarla hacia el futuro que hacia el pasado.

Los socialistas tratarán de buscar la confrontación con el PP en el campo de las conquistas sociales y su defensa. Tratarán de demostrar ante los electores que el PP o no tiene un programa coherente o lo tiene oculto y, en tal caso, trataría de desmantelar las conquistas del Estado del bienestar en el terreno educativo, sanitario y de los servicios públicos.