La Ley de Comercio, en peligro de ser retirada del Parlamento tras dos años de costosa tramitación

Lo que mal comienza, mal acaba. La Ley de Comercio, un texto polémico que ha hecho equilibrismo parlamentario durante más de dos años, corre seno peligro de retirarse del Parlamento justo cuando sólo queda el trámite final; es decir, su discusión y aprobación en pleno. La ruptura entre CiU y PSOE, los dos socios políticos de esta corta legislatura, que se produjo con los Presupuestos del Estado, amenaza con trasladarse a la Ley de Comercio.

CiU ha metido con calzador esta ley de amplia repercusión social, exigida por los comerciantes catalanes (botiguers) y ahora resulta que no gusta a nadie. Las restricciones a la libertad comercial defendidas por el grupo catalán están a punto de saltar por los aires y la Ley quedar aparcada hasta la próxima legislatura. Esta semana pasa el último examen tras ser retrasada la pasada en el Congreso el mismo día en que iba a ser aprobada.Pedro Solbes, a quién CiU dio la espalda en los Presupuestos, puso la bomba justo un día antes de que fuera al Pleno del Congreso de los Diputados, al decir públicamente que el texto era restrictivo y reconocer que en política "hay que pactar". ¿Venganza política? ¿Ajuste de cuentas?. Quizá. Pero hay más cosas.

El propio ministro de Comercio, Javier Gómez-Navarro, reconoce que "es la Ley más liberal posible en este momento" y que la aritmética política también juega a la hora de elaborar las leyes. Gómez-Navarro afirma que la libertad implantada en 1985 no era acorde con la realidad social española y que los dos millones de personas que trabajan en el sector obligan a ser muy cuidadoso con la normativa.

El presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, Amadeo Petitbó, considera que les un paso atrás en la liberalización del comercio que se había conseguido hace años". El director general de Comercio Interior, Javier de Paz, ha contestado que "sigue siendo la ley más liberal de la Unión Europea".

Así las cosas, un informe jurídico del Congreso ha puesto en la picota la disposición transitoria primera de la Ley de Comercio aprobada en el Senado cuando iba ir al Pleno definitivo. Las interrogantes se han multiplicado y tanto el grupo socialista como el propio Ministerio de Comercio no se atreven ahora a pronosticar el futuro del texto.

Esta disposición aprobada por todos los grupos excepto por el PNV en la Cámara Alta colocaría en situación de ilegalidad a nueve de las 17 comunidades autónomas españolas al carecer de competencia normativas en materia de comercio interior. Además, se rompería la unidad de mercado que consagra nuestra Constitución.

Esa disposición cede a las autonomías la competencia para fijar los horarios comerciales en sus territorios. Pero en la actualidad sólo Cataluña, el País Vasco, Galicia, Navarra, Comunidad Valenciana, Andalucía y Aragón tienen atribuida esta competencia. El PP ha, pedido en el Senado que se incluya también a Baleares.

Durante el trámite parlamentario del Senado, el pasado noviembre, el PNV amenazó con llevar al Tribunal Constitucional esta disposición, lo que podría dar al traste con la Ley. A pesar de ello, en el Senado el texto ha pasado con una votación de 239 votos a favor y seis en «contra (los del PNV).

En la Cámara Alta se han, aprobado varias enmiendas gramaticales propuestas por el PSOE y CiU, los dos padres de este texto. Alguna de ellas de importancia, como fue el retraso de las, rebajas de invierno hasta el 1 de enero que defendió el PP y que apoyaron el PSOE y CiU, y que ha provocado la penúltima polémica sobre la ley.

En la antesala de su aprobación definitiva o de su retirada por el Congreso, grandes, medianos y pequeños comerciantes, grupos de presión y consumido res se han vuelto a enzarzar en una espiral de manifestaciones a favor o en contra del texto. a normativa ha levantado ampollas en varios frentes, pero la libertad de horarios sigue siendo el gran escollo. CiU nunca se ha apeado de su exigencia de que había que restringirlos.

Libertad en el 2001

Como solución parche y hasta que se aprobara la Ley de Comercio, se negoció un Real Decreto de Horarios Comerciales que entró en vigor en -enero de 1994 y que fijaba la apertura de una serie de domingos y festivos en las diferentes autonomías. Este Real Decreto es válido hasta que en el 2001 se instale la libertad de horarios, aun-, que ésta debe contar con el previo acuerdo del Gobierno Central y las diferentes Comunidades Autónomas, según la "realidad social del momento". Con todo, se deja sin resolver de una forma clara la libertad de horarios comerciales.Así, la Ley de Comercio, cuyo embrión fue un texto presentado a la cámara por CiU en junio de 1993 y que fue poco a poco casándose con un texto alternativo propuesto por el PSOE, tiene un futuro incierto. La aritmética de los votos que hizo prosperar las tesis de los botiguers se ha vuelto contra ellos y el PSOE ya no está tan seguro que esta sea su le y. Estamos en la semana decisiva.