El Congreso aprueba la 'ley Pertierra', que los profesores siguen rechazando radicalmente
El proyecto de ley de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes (conocida como ley Pertíerra) superó ayer su último trámite parlamentario, al ser. aprobado por el Pleno del Congreso por '178 votos favorables (PSOE, CiU y PNV), 154 en contra (PP, IU y CC) y una abstención.La nueva norma nace con el radical rechazo de todos los sindicatos de profesores de la enseñanza pública-, que hasta última hora pidieron su retirada. Estos creen que abre muchas puertas a la privatización de la enseñanza pública, la acusan de "jerarquizante" y advierten, en los requisitos para acceder al cargo de director, aunque siga siendo, por elección, una supeditación excesiva a la Administración.
Para el PSOE, en cambio, la nueva ley "fortalecerá" la participación y la autonomía de los centros en su gestión, hará más atractiva y profesional la dirección y contribuirá a mejorar la calidad de la enseñanza.
La Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA), básicamente implantada en la enseñanza pública, le ha retirado expresamente su apoyo inicial.
La única sorpresa del plenario de ayer fue el rechazo unánime (330 votos en contra) a una enmienda incorporada en el Senado por Eusko Alkartasuna y que allí contó con el apoyó de IU, PP y PNV. Dicha enmienda tendía a cambiar el actual sistema de pago de salarlos al profesorado de los centros privados concertados, de modo que éstos dejarían de recibir sus haberes directamente de las Administraciones educativas competentes.
El portavoz de IU, Rubén Cruz, explicó que el voto, en el Senado se debió a un "error" y el del PP, Andrés Ollero, justificó el nuevo y sorprendente voto de su Grupo como la mejor respuesta a una peegunta que, en su opinión, estaba en el ánimo de todos: ¿Qué hará el PP si tiene la reponsabilidad del poder? Ollero dijo que, en ese supuesto, que él ve "cada vez más próximo", el PP abordaría los 96 aspectos recogidos en las enmiendas de su Grupo antes que la cuestión del llamado "pago delegado", que no figuraba entre ellos.
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