Los Quince estudian la homologación de títulos para la libre circulación

El secretario general del Consejo de Universidades, Francisco Michavila, defendió ayer que sean las Universidades las que tomen a su cargo la formación posterior de los titulados en Derecho en el caso de que, por imperativo de las directrices de la UE, se exijan prácticas o prueba de acceso a la profesión en alguna titulación. Michavila apoyó así las recientes declaraciones del ministro de Educación y Ciencia, Jerónimo Saavedra, a favor de que la especialización curricular dependa de las Facultades de Derecho y a favor de las exigencias de los estudiantes que no aceptaron las conclusiones del congreso del Consejo General de la Abogacía, celebrado a finales de septiembre en La Coruña y que planteaba la necesidad de que los titulados en Derecho hicieran dos años obligados de pasantía en un despacho de abogados o un curso en una escuela jurídica y una prueba de acceso a la profesión para poder ejercer.La actualidad del conflicto hizo que este tema se introdujera en el orden del día presentado por el Consejo de Universidades en un seminario sobre El reconocimiento de diplomas con fines académicos y profesionales, impulsado por la Comisión de las Comunidades Europeas en todos los países de la Unión.

Celebrado en la Universidad Jaume I de Castellón, al encuentro acudieron representaciones de todos los sectores implicados en las titulaciones académicas y el ejercicio de las profesiones (rectores, directores generales de enseñanza universitaria de las comunidades, autónomas, empresarios y presidentes de Consejos Sociales).

Los debates se están celebrando de manera voluntaria y España. enviará sus conclusiones a Bruselas sobre cómo entiende que deben realizarse las homologaciones de los títulos antes del 20 de noviembre. Las sugerencias de los Quince servirán a la Comisión para hacer una homologación de los diferentes sistemas de reconocimiento de títulos académicos y profesionales para la libre circulación dentro de los quince países miembros de la Unión Europea.

Esta homologación de títulos se deriva del Tratado de Roma que, pretendiendo un gran mercado único, prevé en su artículo 57 medidas de coordinación para la libre circulación de personas y el reconocimiento de títulos para ejercer una profesión regulada en un Estado miembro diferente al de origen.

El proceso ha vivido dos fases. La primera, por la vía de directrices sectoriales que exigen un mínimo de contenidos y de años de estudio. Pero se tardó diez años para regular sólo siete profesiones (Arquitectura y todas las médico-sanitarias).

La lentitud del sistema hizo que en el año 1988 se publicara una directiva relativa al reconocimiento general del resto de los títulos. En éste es en el punto en el que se encuentran los debates de los Quince, con el fin de en contrar una coordinación a posteriori de las titulaciones aplicando medidas compensatorias.

De hecho, este es el sistema que se viene aplicando hasta la fecha. Se trata de hacer una prueba de aptitud o someter a los migrantes en el país que los recibe a un periodo de prácticas.