Cultura recurre a los historiadores para poner orden en los archivos nacionales

Los conflictos surgidos en los archivos nacionales durante los últimos meses han desbordado al Ministerio de Cultura. Medinaceli, Salamanca o los propios papeles de Franco son la prueba del desorden que sufre este capítulo básico para la investigación. Para intentar arreglar la situación, Carmen Alborch ha decidido crear la Junta Superior de Archivos, integrada por prestigiosos historiadores e Investigadores que empezarán a trabajar este mes. Son Francisco Tomás y Valiente, Gonzalo Anes, Santos Juliá, Miguel Artola y Javier Tusell, Josep Fontana, y Julio Burriel.

Francisco Bobillo, director general del Libro y Bibliotecas, explicó a este periódico que la creación de la Junta está legalmente prevista en la Ley de Patrimonio Histórico, de 25 de junio de 1985, y que el desarrollo de este órgano consultivo consta en un decreto de 1992, aunque no se llegó a poner nunca en práctica.Bobillo añade que la Junta estará constituida por un presidente, un vicepresidente y entre 5 y 9 vocales. Entre los nombres contactados ya por Cultura se encuentra Julio Burriel, director general de Archivos y Protocolo; el catedrático Francisco Tomás y Valiente, y los historiadores Miguel Artola, Santos Juliá, Josep Fontana, Gonzalo Anes y Javier Tusell.

La mayor parte de los integrantes de la comisión prefiere esperar a celebrar una primera reunión con la ministra antes de hablar de su cometido y de cuáles son, en su opinión, los problemas más graves de los archivos nacionales. Aunque, en general, celebran que, por fin, Cultura haya decidido que hablen quienes tienen que trabajar con el material de esos archivos.

Balance

El historiador Miguel Artola dice que ésta es una excelente ocasión para definir lo que debe ser cada archivo a. partir de lo que hay en cada uno de ellos y poder hacer un auténtico balance de la situación. "Esperemos a ver lo que plantea la ministra porque se trata de dar una nueva entidad a un tema muy importante. Pero veremos".El también historiador Javier Tusell opina que en esta comisión consultiva se va a encontrar con numerosos problemas pendientes desde hace tiempo. "Hay problemas que podemos contribuir a solucionar, como es el de los archivos nobiliarios. Es el caso de Medinaceli, Tavera, etcétera. Creo que, en general, los conflictos que se han producido no hubieran llegado a ser un tema de orden público si se hubiera hablado con los usuarios de los archivos; es decir, con los historiadores".

Tusell añade que la Junta tiene una función claramente positiva. "Podremos sugerir a la Administración medidas tales como la conversión en archivos públicos de los que ahora son sólo privados, como es el caso de los papeles de Franco. O de personajes que han sido decisivos en la causa monárquica, como José María Pemán, Pavón, Sainz Rodríguez, el conde de Fontanar, Eugenio Vegas, etcétera. Todos ellos son gente importante cuyos descendientes permiten el acceso a según quién, pero habría que tener una solución legal para su uso. Hasta ahora sólo se ha ocupado de este tema el Archivo de la Academia de la Historia, pero hay que ir más allá. Tengo que decir que yo personalmente no suelo tener problemas, pero se debe a la actitud positiva de los familiares de turnó, aunque no deja de ser sorprendente que, por ejemplo, los papeles de Miguel Primo de Rivera estén en una casa particular".

Para Santos Juliá el mayor problema de los archivos es el acceso y la conservación de los papeles. "Es muy grave la indefinición de lo que es un papel privado o público, y más después de una dictadura en la que cada cual se llevó lo que creyó oportuno. Por ejemplo, las memorias de López Rodó se han podido publicar con papeles que él se llevó siendo ministro. Se funciona con una discrecionalidad peligrosa, y archivos importantes, como el de la Guardia Civil, están cerrados para los historiadores. Espero que en la Junta podamos hablar de estos temas".