Un proyecto de ley que nace inservible

El Congreso ha dado luz verde a un proyecto de ley sobre subastas (precisamente ideado para acabar con la mafia de los subasteros). Pero, según varios juristas consultados, el documento necesita urgentes retoques si realmente se pretende acabar con los chanchullos de los subasteros. El proyecto está ahora en el Senado, por lo que aún hay tiempo de enmendarlo. Su actual redacción (se prohíbe revender en un año el piso adquirido en subasta) implica sólo una ligera traba a las andanzas de esos profesionales de la puja que compran pisos en subasta a precios irrisorios y los venden caros. Los juristas consultados coinciden en que el proyecto, en su actual redacción, no valdrá para nada. Incluso los propios amañadores de pujas se ríen de la inofensiva reglamentación con que los políticos intentan pararles los pies.Los diputados enfrascados en la nueva regulación de las subastas se han asesorado mal. No han acudido a quienes conocen al dedillo las malas artes de que se valen estos profesionales. Los titulares de los juzgados hipotecarios habrían sido una inmejorable fuente. Llevan años subastando pisos y viendo siempre las mismas caras, las de los subasteros.

Desde el decanato de los juzgados se ha lanzado ya la idea de que se amplíe "a los años que sea necesario" el plazo para revender un piso adquirido en una subasta. A los subasteros -respaldados por importantes fortunas conseguidas a base de adjudicarse pisos a precios irrisorios y venderlos luego caros- les importa poco esperar un año para poder vender un piso.

Varios juristas consideran que, con la vigente ley, es posible erradicar a esta mafia. Basta, sostienen, con que los jueces celebren la subasta con sobre cerrado. Pero jueces expertos en subastas no creen que esa técnica, que se practica con frecuencia, sea la panacea. La ley exige que haya un acto oral, y que antes del tanteo a mano alzada -nunca después- se lean las pujas, por si alguien quiere elevarla. Ese es el espíritu de la vigente reglamentación, pues detrás de cada subasta hay un deudor que va a perder su casa porque no tiene para pagarla; y cuanto más alto se puje, más dinero le quedará.

Igualmente, la solución -la que realmente llevaría a las pujas judiciales a muchos ciudadanos necesitados de un piso y provocaría una inequívoca competencia a los pujadores- pasa por subastar e piso llave en mano. Ahora es raro el piso que se licita vacío; casi todos tienen bicho dentro (término que utilizan los subasteros para referirse al inquilino). A veces se trata de personas cargadas de hijos que no tienen a donde ir; y mientras se le ex pulsa suele pasar bastante tiempo, imputable a la burocracia de juzgado. Al ciudadano común le asusta -y por eso se retrae- invertir en una casa cuyo estado desconoce porque no puede verla mientras esté habitada y sin saber cuándo podrá ocuparla.