Obras Públicas admite su incapacidad para controlar los pozos ilegales

Se van a cumplir 10 años de la Ley de Aguas sin que una buena parte de los pozos que hay en España se hayan inscrito en el Registro. El plazo para hacerlo expiró en 1989. En teoría, todas las personas que no hayan registrado sus pozos han perdido el derecho a utilizarlos: se les podría confiscar. Pero no hay ningún temor de que ocurra, salvo en las zonas donde la sequía ha esquilmado las reservas de agua. El Ministerio de Obras Públicas estima que, del casi medio millón de pozos existentes, sólo la mitad están declarados y tardará cuatro años en ponerse al día, según un informe remitido al Congreso.

Puede ocurrir que el dueño legal de un pozo se disponga a extraer agua y se lo encuentre vacío. La culpa podría ser de la sequía; pero si mira alrededor quizá descubra que el vecino de al lado ha hecho una perforación por SU cuenta y le ha dejado sin agua.La Ley de Aguas (1986) convirtió en públicas las subterráneas y concedió un plazo de tres años a todos los propietarios de pozos para que en ese periodo los inscribieran en el Registro de Aguas de la confederación hidrográfica correspondiente. De lo contrario, perdían el derecho a usar esas aguas durante 75 años y se exponían a que sus pozos fueran confiscados.

Poco acostumbrados a dar cuenta de una cuestión privada como había sido hasta 1986, a los dueños de los pozos se les olvidó que la ley les obliga a renovar su título de usuario. Cuando se dieron cuenta, la Administración encargada de inventariarlos y ajustarlos a la nueva legislación, se vio de pronto invadida por la ingente tarea que le cayó encima.

Atasco para cuatro años

"Tan importante número de aprovechamientos - supera los 500.000 - ha desbordado los medios de las comisarías de Aguas para registrarlos en un prudencial periodo de tiempo, reconoce un informe de Obras Públicas. "Aun cuando en pasados ejercicios se ha recurrido a la contratación de asistencias técnicas, justo es indicar que ni las disponibilidades presupuestarias, ni el conocimiento inicial de la situación, han favorecido una solución definitiva del mismo", añade el informe.El atasco en la catalogación es de tal calibre que el ministerio se ha trazado un programa de Actualización de Registros y Catálogos de Aprovechamientos (ARYCA), presupuestado en 7,372 millones de pesetas, con el que pretende ponerse al día a finales de 1999.

La confederación más activa ha sido la del Júcar. Las del Guadiana, Segura y Ebro han tramitado algo más del 50%. Las Norte, Duero y Tajo no parece que atraviesen problemas administrativos, mientras ocupan la zaga las del, Sur y Guadalquivir.

Estas últimas se corresponden con Andalucía, el territorio más devastado por la sequía y donde la perforación descontrolada y las deudas pendientes han enfrentado a los regantes con la Administración. Hasta tal punto que cuando los regantes se dirigen a la secretaria de la confederación, Ana María Álvarez Fernández, la llaman "ésa", sin mencionar su puesto, como muestra de hostilidad hacia alguien que pretende poner orden en el caótico mundo del aprovechamiento de las aguas.