Belloch, contará con las universidades para regular el acceso a la profesión de letrado

El presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, clausuró ayer en La Coruña el VI Congreso de la Abogacía, que propone una prueba de capacitación profesional para los licenciados que quieran ejercer como letrados. El ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, dijo que la decisión deberá tomarse "con prudencia" y que consultará "con todos los sectores afectados" en especial con las facultades de Derecho. Entre otras conclusiones, el congreso propone limitar el derecho a la justicia gratuita a los ingresos inferiores al salario mínimo (62.700 pesetas mensuales).

La jornada de clausura del congreso fue maratoniana, porque desde las diez de la mañana se sometieron sucesivamente a debate y votación las conclusiones sobre acceso a la profesión y turno de oficio, trámite que concluyó hacia las 14.00 horas, por lo que Fraga, Belloch y otras autoridades tuvieron que aguardar para iniciar la solemne sesión de clausura, que terminó con el Palacio de Congresos abarrotado, pasadas las tres de la tarde.Belloch expuso a los congresistas el punto de vista de su departamento ("radicalmente contrario, por estatalista", al del diputado del PP, Federico Trillo, según comentó éste a EL PAÍS al término del acto): "El Estado ha dejado de ser un mero garante o ejecutor de la ley y debe influir en el reparto de bienes y servicios, por lo que la Administración de Justicia es un servicio público al que los ciudadanos tienen derecho". Mencionó las leyes elaboradas o en trámite durante sus "dos años irrepetibles" en el Gobierno, y elogió el clima de colaboración con la abogacía.

Conocedor de la preocupación de los letrados por los retrasos en el pago del turno de oficio, anunció que a mediados de octubre se cobrarán las cantidades facturadas en agosto, aunque reconoció que siguen pendientes partidas atrasadas de años anteriores. Informó que la ley de Asistencia Jurídica Gratuita se tramitará con urgencia. En cuanto al acceso de los licenciados en Derecho a la abogacía, Belloch reconoció que sólo en España se carece de un periodo obligatorio de prácticas, pero advirtió que "la decisión deberá tomarse, aunque con prudencia y consultando a todos los sectores afectados, especialmente las facultades de Derecho, y garantizando sistemas transitorios para quienes están ahora en la Universidad".

El jurado

Finalmente, el ministro de Justicia e Interior destacó a los congresistas la importancia para los abogados del nuevo Código Penal y de la implantación del jurado. Sobre este último, ausente en el Congreso, Belloch dijo a los abogados: "Os va a exigir nuevos modos, de defensa, pero vosotros Podéis contribuir a defender la institución, para lo que no debéis de tener miedo al fracaso, que muchas veces encubre el miedo a la libertad".Previamente, el presidente del Consejo General de la Abogacía, Eugeni Gay, resaltó las adhesiones recibidas, empezando por la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, e hizo un repaso de los temas centrales del congreso, de los que consideró como el "más apasionante" la financiación de los colegios. En materia de publicidad, explicó que las conclusiones aprobadas homologan a España con la UE, al admitir la promoción "veraz y digna" del abogado para informar sobre sus servicios profesionales, "sin contenidos persuasivos, ideológicos, de autoalabanza o de comparación y sin referencia a la retribución".

Sobre el acceso a la abogacía, hizo referencia al comunicado de protesta y desacuerdo de los estudiantes de Derecho, aquí presentes como observadores", dijo, aunque silenció que se les había impedido dirigirse a la asamblea (véase EL PAÍS de ayer). Para Gay, la exigencia de una prueba de capacitación es una "aspiración del Estado democrático".

En el debate previo a la aprobación de las conclusiones, varios letrados se opusieron sin éxito a la prueba de capacitación, por entender que va contra la libertad de la abogacía o que es excesivo "pasar de ningún control al control absoluto". Otro letrado estimó "resentida" la exigencia de que incluso los jueces tengan que superar las prácticas y prueba de capacitación.

Respecto a las 29 conclusiones, sobre el turno de oficio, Gay aseguró que la abogacía exige el respeto al ciudadano, a los intereses generales a los que deben servir los Presupuestos del Estado y, por último, a los abogados. Dentro de la tendencia a limitar los beneficiarios de la justicia gratuita, de modo que se califica de anacronismo tener por "pobres" a las cajas de ahorros y otras instituciones semejantes, se llega a afirmar que, la concesión del beneficio de justicia gratuita íntegro debe reducirse a aquellas personas físicas que, careciendo de patrimonio suficiente, sus ingresos no superen el salario mínimo interprofesional (62.700 pesetas mensuales) pues es absolutamente incongruente que el Estado reconozca una cantidad como suficiente para vivir, alimentarse, vestirse y tener una vivienda y que, sin embargo, dicha cantidad sea insuficiente para atender los gastos de un pleito". El proyecto de ley del Gobierno establece el tope en el doble del salario mínimo (unas 130.000 pesetas).

Viajes al Caribe

El letrado Benito Huertas alegó que aunque el Estado considere que con el salario mínimo se puede vivir y hacer viajes al Caribe, es francamente negativa esta conclusión, porque corresponde al poder definir los criterios y no a los abogados limitar el alcance de la justicia gratuita". Le contestó el letrado Fanjul, para quien la limitación al salario mínimo "es un logro de este congreso aseguró. Afirmó que "el Estado paga mal, mientras que los abogados estamos tratando de lujo a los beneficiarnos de la justicia gratuita". Ante el riesgo de que el Estado cree un defensor público -vieja iniciativa de Belloch, rechazada por este congreso-, señaló, amenazador: "¡Que lo haga, a ver de dónde saca el dinero!". Los aplausos a esta intervención anunciaron el resultado de la votación: 439 votos a favor, 135 en contra y 21 abstenciones.