Política contra ajuste presupuestario

El ministro Solbes está convencido que las razones del rechazo catalán al Presupuesto eran políticas, para forzar al Gobierno a adelantar las elecciones. Una vez que ha quedado despejado el calendario electoral -elecciones catalanas el 19 de noviembre y, casi con seguridad, generales en marzo- al ministro, y por extensión al Gobierno, le queda la esperanza de que el grupo catalán cambie de actitud. O, tal vez, de conseguir el apoyo de otro grupo más mayoritario, el Popular, al que está dispuesto a hacer un guiño en el momento que estime oportuno. Al menos así lo dejó ver ayer con su petición de apoyo apelando a la necesidad de que España cumpla con los criterios de convergencia. "Corremos el riesgo de perder un año en el proceso de integración", aseguran fuentes de Economía, que no dejan de arremeter contra CiU: "No se entiende que quienes han apoyado los dos Presupuestos anteriores rechacen ahora unos que van en la misma línea".La negativa de CiU a negociar los Presupuestos ha permitido al Ministerio de Economía elaborar unos proyecciones limpias, es decir, sin concesiones políticas y ajustados a los criterios de convergencia.

En términos de política económica, una prórroga del Presupuesto es una solución pésima, porque hurta de referentes económicos a las autoridades económicas y a los mercados y dilata hasta el año próximo la posibilidad de atisbar con qué grado de dureza y por qué procedimientos se aplicará el ajuste fiscal prometido. La prórroga es una mala opción y no es descartable que se pague en forma de turbulencias monetarias, ahora o a principios de año.

En términos estrictamente económicos, el Presupuesto es claramente restrictivo, en cuanto que sitúa el crecimiento del Estado (3,3%) por debajo de la tasa de inflación (3,5%), contrae la inversión pública y se atreve, todavía tímidamente, con el recorte de transferencias a las empresas públicas. La aplicación de recortes en los gastos corrientes de la Administración, permite concluir que este Presupuesto trata de tomarse en serio el objetivo de déficit público (es decir, de convergencia con Europa), a pesar de las limitaciones partida en los grandes gastos del, país (pensiones y sanidad).

La seriedad y riesgo del Presupuesto tiene otra vertiente menos favorable. El ¿último? presupuesto de Solbes agota probablemente la formula de ajuste que consiste en limitar los gastos que presentaban aumentos discrecionales, como los gastos de personal, los gastos corrientes o la inversión. Pero para llegar a ese objetivo de déficit del 3% de PIB será necesario que los próximos gobiernos se enfrenten a los gastos verdaderamente importantes, que sólo pueden modificarse por la aplicación de severas y complejas reformas: sanidad y pensiones sobre todo, que son los verdaderos sótanos del Presupuesto. Para ese nuevo ajuste es necesario, con seguridad, el impulso político que surge tras unas elecciones. Pero ni siquiera ese impulso garantiza que se vaya a realizar.