Sanidad y las prácticas médicas

El crecimiento de las llamadas "medicinas alternativas" en nuestro medio es espectacular, y seguramente se debe tanto a la frustración que viven los ciudadanos, ante las exageradas expectativas creadas por la medicina tradicional (evidentemente a pesar de una propaganda exageradamente optimista al respecto, no todas las enfermedades se curan, y es más, ante algunas no existen métodos de tratamiento eficaces), como a la quiebra de la relación de confianza que debería: existir entre médicos y enfermos, y a la pérdida de otros valores que permitan asumir con entereza las inevitables adversidades de la fortuna.Es obvio también que hablar en general es excesivo, pues las "medicinas alternativas" engloban un amplísimo grupo con prácticas y principios muy variados, y algunas de ellas pueden tener algún efecto terapéutico, en mi opinión, fundamentalmente, derivados del componente psicosomático que rodea a toda enfermedad (y a veces la produce), y de su mayor búsqueda (le empatía entre médicos y pacientes.

Dicho esto es también evidente que alrededor de ellas existen muchos casos de pura y simple charlatanería, y de abusos de la confianza que personas, en muchos casos desesperadas y desahuciadas, que buscan en ellas el milagro que en otros tiempos fiaban en el santoral.

También debe tenerse en cuenta que el elevado índice de paro entre los médicos ha favorecido que un sector de éstos busque en este tipo de prácticas la posibilidad de encontrar un medio de vida que de otra manera le resultaría inalcanzable. Naturalmente, también hay que considerar el derecho de las personas a tomar decisiones sobre su propia vida, aunque éstas entrañen nesgos importantes.

El que personas con enfermedades poco importantes, problemas psicosomáticos o simplemente hipocondriacos abonen este circuito alternativo no tiene otros efectos que los puramente económicos. El problema se presenta cuando, como al parecer ha sucedido en el caso del grupo de Hamer, se hace abandonar el tratamiento al personas con graves enfermedades, que podrían beneficiarse del mismo, abriéndoles grandes esperanzas infundadas, y poniendo en peligro su vida.

La Administración sanitaria, que, como viene siendo habitual, se ha laviado las manos en el tema, tiene responsabilidades al respecto, y muchas.. Primero, porque el artículo 43 de la Constitución Española reconoce a todos los españoles el derecho a la "protección de la salud", y en este casó está siendo conculcado. Luego, porque la Ley General de Sanidad tiene toda una batería de artículos que son de aplicación al caso.

Para empezar, el artículo 13 que dice que "el Gobierno aprobará las normas precisas para evitar el intrusismo profesional y la mala práctica", sin que nueve años después se hayan dado pasos al respecto; luego porque el artículo 10.5 señala que es un derecho de los usuarios de los servicios sanitarios. públicos y privados (el subrayado es mío) Ia información completa y continuada... sobre su proceso, incluyendo diagnóstico,, pronóstico y altemátivas de tratamiento", lo que obviamente no se ha producido en los casos que han salido a la opinión pública. Además, el artículo 18.16 dice que la Administración sanitaria desarrollará la siguiente actuación "el control y mejora de la calidad de la asistencia sanitaria en todos sus niveles". Y después, el capítulo V, señala las posibilidades de actuación cuando existe peligro de la salud "individual y colectiva", entre las que señala (artículo 24) Ias actividades públicas y privadas que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud", posibilidades que posibilitan la intervención de la autoridad sanitaria suspendiendo la actividad de que se trate incluso cuando se "sospeche razonablemente" que existe un riesgo para la salud.

Es decir, la Ley General de Sanidad obliga a una serie de actuaciones a la Administración sanitaria, central y autonómica (por cierto la andaluza ya lo ha hecho), para intervenir en casos. como éstos en que la salud de las personas peligra debido a actuaciones incorrectas, sean o no de personal médico titulado.

Es necesaria por tanto la urgente actuación de la autoridad sanitaria para impedir la repetición de hechos similares, que contrasta por ejemplo con la eficaz intervención de las autoridades sanitarias austriacas y además el establecimiento por parte del Ministerio de Sanidad die las normas para prevenir el intrusismo y la mala práctica, salvo claro está que se prefiera como hasta ahora "seguir en Babia".

Marciano Sánchez Bayle es médico, miembro de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.