La UE prevé expulsar a los países del Este que violen los derechos humanos

La Unión Europea (UE) podrá expulsar a sus miembros que violen los derechos humanos o los principios democráticos. Esta facultad quedará recogida en el nuevo tratado de la UE y está destinada a impedir que los países del Este que se adhieran puedan algún día dar marcha atrás en sus avances democráticos y seguir perteneciendo al club.

El Grupo de reflexión que prepara la conferencia de 1996 para reformar la UE ha llegado, tras cinco sesiones de trabajo, a esta y otras conclusiones que ha plasmado en un informe que su presidente, el español Carlos Westendorp, presentará esta semana en Bruselas y al que ha tenido acceso EL PAÍS. El documento servirá de base para elaborar en diciembre otro informe que será sometido a la cumbre europea de Madrid con la que concluirá la presidencia española.Para sancionar con la expulsión a un socio es necesario primero definir qué derechos y principios ha infringido. El Grupo propone hacerlo mediante la adhesión de la Unión a la Convención Europea de Derechos Humanos o incluyendo directamente en el nuevo tratado un catálogo de derechos en el que no figurarían los de carácter socioeconómico, la prohibición de la pena de muerte o la protección de las minorías porque algunos Estados se oponen a ello.

La reelaboración de los tratados de la UE estaba hasta ahora pensada esencialmente para poder acoger en buenas condiciones a todos los países del Este, bálticos y mediterráneos que han solicitado la adhesión. Tras dos meses de trabajo, el equipo de Westendorp ha llegado a la conclusión de que hay una razón aún más importante: la reconciliación de la Unión con los ciudadanos tras el divorcio provocado por Maastricht.

En consecuencia, reza su informe "la próxima reforma deberá tener como tarea prioritaria la de reforzar la legitimidad de la UE ante la opinión pública" y se atenderán "prioritariamente los verdaderos problemas" como la inseguridad interior, la degradación del medio ambiente y, sobre todo, el desempleo.

El tratado deberá, por ejemplo, "incorporar disposiciones concretas al servicio del objetivo de mantener un elevado nivel de empleo". Londres ha quebrado, sin embargo, el consenso a la hora de precisar estas medidas entre las que los otros 14 miembros querrían incluir un Alto Comité de Empleo que supervise el impacto de las políticas de la UE de creación de puestos de trabajo.

El consenso resurge, no obstante, sobre otros aspectos del futuro tratado. Los Quince están de acuerdo en que se siga dando trato de igualdad a las once lenguas de trabajo y descartan que se impongan el inglés y francés; fijan en 700 el número de eurodiputados; no amplian las escasas competencias del Parlamento Europeo en materia de iniciativa legislativa, una competencia que continuará en manos de la Comisión; excluyen la creación de un Senado europeo, y, sobre todo, anuncian que fortalecerán el poder del Consejo de Ministros.

Coinciden también en que la presidencia de la UE debe durar más de seis meses, estar compuesta por varios países y en que es conveniente que los ministros tomen casi todas las decisiones por mayoría cualificada suprimiendo en gran medida el derecho de veto. Pero el número de votos de cada país en esta institución provoca, como era de esperar, el mayor enfrentamiento.

Los grandes Estados, entre los que figura España, piden más sufragios para corregir el desequilibrio entre su población y su representación. Los pequeños se los niegan porque aseguran que la ponderación del voto debe inspirarse más en el principio de igualdad soberana de los Estados que en el factor demográfico.

El Grupo reconoce, por último, que la política exterior y de seguridad común, puesta en marcha por el Tratado de Maastricht, no ha funcionado y la antigua Yugoslavia es el mejor ejemplo de ello. Discrepan, sin embargo, sobre las causas de este fracaso, falta de rodaje o de voluntad política, y sobre como corregirlo mejorando los mecanismos de decisión.