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El Supremo acelera

EL TRIBUNAL Supremo ha actuado con sentido de la responsabilidad al tomar las medidas necesarias para acelerar la decisión sobre el sumario de los GAL. Si se considera que existen indicios inculpatorios suficientes contra personas aforadas, el sumario deberá pasar al Supremo. En la exposición motivada presentada por el juez Garzón se apreciaban indicios de culpabilidad en el presidente del Gobierno, el ex vicepresidente Serra y los diputados Barrionuevo y Benegas. Concretamente, Garzón considera que Felipe González podría haber incurrido en los delitos de pertenencia a banda armada en grado de fundador y dirigente, malversación de fondos públicos y otros. No habría sido normal. que un asunto de semejante trascendencia quedase en suspenso durante todo un mes a causa de las vacaciones de sus señorías. Por eso merece elogio la iniciativa de la Sala de Vacaciones consistente en declarar hábil la segunda quincena de agosto a los efectos de avanzar en la tramitación del asunto.Ésta no ha llegado a estar paralizada. El instructor présentó su exposición el 28 de julio y el pasado día 7 el fiscaljefe del Supremo instó a dicho tribunal a aceptarla a trámite. Ello no significa convalidar los indicios apreciados por Garzón, sino simplemente recordar que la valoración de los mismos corresponde al Supremo. Otra actitud del fiscal, como la de recomendar directamente el archivo, como habría deseado el Gobierno, habría sido aventurada.Por lo que se sabe, la imputación contra González se basa únicamente en las declaraciones de Damborenea. No obstante, el juez Garzón, en un auto en el que levantaba parcialmente el secreto del sumario, indicaba que personalmente habría deseado que "el contenido de la motivada fuese público", ya que ello habría "evitado el cúmulo de despropósitos" que se están vertiendo sobre el mismo. Si ello significa que, además de la declaración de Damborenea, existen otros indicios, desconocidos por la opinión pública, será el propio Tribunal Supremo el que deberá apreciarlos.En el caso de José Barrionuevo existen, además, las declaraciones de otros testigos o imputados que sostienen que fue el ex ministo quien autorizó mantener secuestrado a Segundo Marey una vez que se comprobó que no era la persona que se pensaba. De ahí que en su caso se considere la existencia, además, de un eventual, delito de detención ilegal. Es posible, por ello, que el tribunal pueda apreciar indicios suficientes de delito en Barrionuevo, pero no en los otros tres aforados inculpados por Damborenea. Ello implica un mínimo de, investigación sobre las imputaciones en concreto, y esa investigación sólo la puede realizar el Supremo. El fiscal se limita, pues, a no oponerse a esa mímima apreciación previa de si hay o no fundamento para el procesamiento de las personas aforadas. Carece, por tanto, de sentido la opinión gubernamental de que habría sido preferible que el fiscal entrase en el fondo del asunto, dado que "la inexistencia de pruebas habría permitido dar una solución mas rápida a la cuestión".Un precedente próximo es el del caso Crillon, en el que Roldán acusaba a Serra y García Vargas. El tribunal aceptó la indicación del fiscal de que era competente para investigar y nombré un instructor. La conclusión de éste fue que no había indicios suficientes de delito y recomendó archivar la causa. De acuerdo con ese precedente, si la Sala de Admisión del Supremo asume ahora su competencia sobre el asunto" el paso siguiente será nombrar un magistrado instructor que practique las diligencias orientadas a averiguar si hay indicios de delito contra los aforados, o alguno de ellos, y si debe, por tanto, asumir la causa o devolverla al juez Garzon.

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* Este artículo apareció en la edición impresa del 0009, 09 de agosto de 1995.

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