Los GAL llegan a las puertas del Supremo

EL JUEZ Baltasar Garzón remitió ayer el sumariode los GAL a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Algo bastante previsible desde que hace más de seis meses se filtraran -éste ha sido el sumario secreto más público de la historia judicial- las primeras acusaciones de algunos implicados contra el ex ministro del Interior José Barrionuevo. Pero el tramo final de la instrucción ha introducido una bomba de mayor calado. Garzón dice haber encontrado indicios delictivos en las actuaciones del presidente del Gobierno, Felipe González; los ex ministros Serra y Barrionuevo, y el diputado socialista Benegas. La base de esta imputación en cascada es el testimonio del ex dirigente socialista Ricardo García Dámborenea. Es ésta la primera vez que un juez, aunque sólo, sea indiciariamente, imputa un delito de tal gravedad -pertenencia a banda arma da y malversación de caudales públicos- a un presidente del Gobierno, al que, dicho sea de paso, acompañó en las últimas elecciones generales como segundo candidato en la lista de

Madrid.

El Supremo debe decidir ahora si los indicios que apunta Garzón tienen base suficiente para que sea la Sala Segunda la que se haga cargo de la instrucción. Es cierto que los criterios de Garzón no condicionan la actuación del Supremo y no es descartable, por tanto, que pueda devolver el caso a la Audiencia Nacional. Pero no parece ser este el desenlace más probable.

Han sido tantos los testimonios acumulados contra el ex ministro Barrionuevo que la petición de suplicatorio al Congreso resulta en su caso una consecuencia casi inevitable. Bastaría esa imputación para que el sumario, pasara definitivamente a manos del Supremo, que al mismo tiempo tendrá que evaluar si los indicios contra González, Serra y Benegas tienen también valor suficiente como para incluirlos en el sumarlo en calidad de inculpados. Dada la proximidad de las vacaciones judiciales, es muy probable que cualquier decisión al respecto se aplace hasta el mes de septiembre.

Algunos hechos llaman la atención a estas alturas de la instrucción del caso. Primero, el sistemático incumplimiento del secreto sumarial; segundo, el uso, cuando menos peculiar, de la prisión preventiva, que ha parecido en muchas oca siones un instrumento de presión para ablandar a los inculpados; tercero, los siete meses transcurridos desde que se produjeran, en diciembre pasado, las primeras acusaciones contra Barrionuevo, por boca de Amedo y Domínguez, hasta que Garzón ha formulado una acusación contra él. Cierto es que en este tiempo ha acumulado contra él una auténtica batería de declaraciones incriminatorias de otros implicados, que en muchos casos han cambiado su testimonio después de meses de prisión preventiva. Pero no puede olvidarse que si aquella declaración inicial con tra Barrionuevo hubiera constituido indicio acusatorio, suficiente, Garzón habría tenido que remitir ya entonces el sumario al Supremo. No lo hizo así porque, debió entender que necesitaba pruebas adicionales para incriminarle.

No ha ocurrido lo mismo con González, Serra y Benegas. El testimonio de Damborenea, junto con las suposiciones de alguno más, han dado pie a una casi inmediata acusación. Al Supremo le corresponde ahora evaluar las pruebas aportadas por el instructor. La independencia de sus magistrados no está en tela de juicio. Cabe esperar de ellos una resolución rápida, sea en el sentido que fuere, y por parte del Gobierno so cialista, toda la colaboración que ha prometido con la Justicia. Incluyendo en ella la concesión de los suplicatorios que pueda pedir el alto tribunal.