González advierte de que no habrá ley de 'punto final'

Las explosivas declaraciones de Ricardo García Damborenea contra el presidente del Gobierno movieron ayer a Felipe González a comparecer ante los periodistas por segunda vez en menos de 24 horas. González buscó la oportunidad en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Negó otra vez que esté involucrado en el caso GAL -"miente", dijo tajante sobre Damborenea- y anunció que ha pedido al fiscal general que actúe contra su ex compañero de partido. En su opinión, tanto Damborenea, secretario general del PSOE en Vizcaya cuando se produjo el secuestro de Segundo Marey, como los restantes procesados que se han autoinculpado en esta acción pretenden conseguir una ley de punto final por la vía de elevar el nivel de responsabilidades. No habrá tal perdón, advirtió González, quien añadió que el jueves comparecerá en el Parlamento en un pleno extraordinario para dar más explicaciones.

Felipe González mantiene su decisión de celebrar elecciones generales en marzo de 1996. La conversación que el jueves mantuvo con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, le hace pensar que el grupo parlamentario catalán no pasará a la oposición frontal. CIU se conforma de momento con que el líder socialista haya aparecido en menos de 24 horas dos veces ante la opinión pública y que la próxima semana, el jueves, vaya a hacerlo en un pleno extraordinario del Congreso de los Diputados.Según González, hay buenas razones para mantener la legislatura siete meses más. Una de ellas, indicó, porque sería irresponsable que las declaraciones "falsas" de Damborenea, Amedo y otros procesados en el caso GAL pudiesen condicionar la convocatoria de unas elecciones.

El jefe del Gobierno no teme a la justicia e insiste en proclamar su absoluta inocencia en el caso GAL. Tanto que argumentó que si los tribunales solicitasen el suplicatorio para él, pediría a su partido que lo apoyase y que se lo concediera inmediatamente.

González compareció sereno ante los periodistas y no se alteró a lo largo de la rueda de prensa de poco más de media hora de duración. Justificó esta segunda rueda de prensa para aclarar algunos extremos que la víspera no fueron zanjados. Matizó que si bien el jueves dijo que no hablaría en el Congreso antes de septiembre, ha decidido adelantar la cita con los diputados ante "la inquietud política y social" suscitada por las graves imputaciones de Damborenea.

Una pistola en La Moncloa

El ex secretario general de los socialistas vizcaínos sostiene que se ha entrevistado varias veces con el presidente del Gobierno para diseñar la estrategia antiterrorista. "No he tenido una relación ni estrecha ni próxima con Damborenea. Nunca he hablado con él de un tema tal delicado como el terrorismo. Ni de ésta ni de casi ninguna materia", dijo ayer González. Y lo argumentó asegurando que siempre desconfió de Damborenea. "Muy pronto se plantearon problemas con él en el partido".

De sus relaciones con quien ahora le acusa González sólo recuerda una reunión en La Moncloa, en la que Damborenea formó parte de la delegación de la dirección del Partido Socialista de Euskadi. Se celebró poco después del asesinato del secretario de Guipúzcoa, Enrique Casas, en febrero de 1984, y González no ha olvidado de aquella cita una famosa anécdota, que ya narraron en su tiempo algunos miembros de la delegación del PSE. Damborenea se presentó con una pistola, que puso sobre la mesa, y censuró a González por la fragilidad de los servicios de seguridad de La Moncloa, que le habían dejado atravesar el recinto con el arma.

Además de reafirmar su desconfianza hacia Damborenea desde un principio, el jefe del Gobierno puntualizó, para restar crédito a las palabras de su acusador, que no acostumbra a entrevistarse con los secretarios provinciales del partido -Damborenea lo era-, sino con los secretarios regionales.

También hizo ver que Damborenea miente cuando asegura que el secuestro de Segundo Marey se prolongó para presionar a Francia por el secuestro del capitán Martín Barrios. González recordó que el secuestro de Marey por los GAL se produjo el 4 de diciembre de 1983, mes y medio después del asesinato por ETA del capitán (el 18 de octubre).

El jefe del Gobierno está convencido de que saldrá de este problema "con honor", porque "se trata de un asunto de conciencia personal". "La mía está absolutamente limpia", aseguró.

En su criterio, el cambio de signo de las declaraciones de García Damborenea y de los policías procesados en el caso GAL pretende elevar el nivel de las imputaciones y la cantidad de imputados para conseguir una amnistía o una ley de punto final. Felipe González fue muy claro en este extremo: "La Constitución afortunadamente lo impide y no va a haber ningún comportamiento de esta naturaleza por parte de este Gobierno. Mi interés es que la justicia depure las responsabilidades que haya habido y que aclare todos los extremos para que no haya ninguna duda".

Indefensión del presidente

El jefe del Ejecutivo expresó asimismo su confianza en que la Fiscalía actúe contra Damborenea porque "sería extraño para el conjunto de los ciudadanos que no se pudiera actuar contra una imputación de esa magnitud contra el presidente del Gobierno. Eso colocaría al presidente en una situación de indefensión". En un ligero tono de reproche recordó que cuando el ex subcomisario José Amedo y el dirigente de Izquierda Unida Felipe Alcaraz le acusaron de ser el señor X de los GAL, la fiscalía argumentó que no había materia para proceder contra ellos.

También hizo mención a algunas publicaciones que le relacionan de manera velada con negocios en el extranjero, e incluso con comisiones supuestamente obtenidas a través del empresario Enrique Sarasola. "No he hecho negocios con Sarasola, que es amigo mío, ni con nadie, ni he cobrado comisión alguna. Nunca me ha interesado ganar dinero".