Las etiquetas de los alimentos deberán incluir también el precio por kilo

Un kilo de patatas cuesta 2.240 pesetas. Un kilo de arroz vale 6.600 pesetas. Con estos ejemplos prácticos sacados del supermercado vecino, la comisaria de Consumo de la UE, Emma Bonino, provocó ayer aplausos en Bruselas. Bonino presentaba la directiva comunitaria de protección al consumidor, por la que los alimentos deberán consignar en sus etiquetas no sólo su precio de venta, sino también el precio por unidad de medida (kilo o litro). Los pequeños comerciantes dispondrán de seis años para adaptarse a las nuevas reglas.

"Les voy a hablar de la Europa útil", anunció Bonino, armada en la austera sala de prensa del ejecutivo comunitario con una insólita cesta de la compra, un lector óptico que parpadeaba y una pantalla de televisión. Pero las cámaras de televisión y los más yuppies periodistas financieros británicos, siempre ocupados en asuntos más graves y solemnes, ya habían hecho mutis. Se perdieron el ilustrativo espectáculo.Bonino escogió cuatro productos recién comprados en el supermercado. Y echó cuentas. Un botellín de agua mineral, con capacidad de 325 mililitros, 55 francos belgas, esto es, 220 pesetas: precio por litro del agua milagrosa, 676 pesetas. Una latita de atún de 47 gramos, 61 francos (244 pesetas), ergo, el precio del kilo de atún alcanza las 5.188 pesetas. Una bolsa de patatas fritas de 25 gramos de peso, 14 francos belgas (56 pesetas): el kilo sale a 2.240 pesetas. Cien gramos de arroz envasado -"lo siento, no me había dado cuenta de que era canadiense", reparó la comisaria, reponsable también de la Pesca, a la que el fletán ha causado serios quebraderos de cabeza- le costaron 165 francos (660 pesetas), luego el kilo se cotiza a 6.600 pesetas.

Esta demagogia de los hechos no pretendía iniciar una campaña de boicoteo a productos de consumo envasados, ni siquiera a los franceses, amenazados por la vigilancia ecologista sobre las pruebas nucleares.

La comisaria se cuidó de recordar la utilidad de las latas de atún "para una comida campestre o para la playa, es evidentemente más práctica en esos casos que un bistec". Simplemente, pretendió demostrar que el consumidor tiene derecho a conocer toda la información, para que pueda hacer sus cálculos, mirar, buscar y comparar: toda la información, no sólo el precio de la latita, sino la referencia global de la unidad de medida. Y descubrir así que determinados productos aparentemente humildes son intercambiables "en la joyería más lujosa".

Aunque esta doble referencia se practica en bastantes establecimientos de la Unión Europea (UE), sólo es obligatoria en Suecia y en Francia.

La nueva directiva, exigida por el Parlamento Europeo y por las asociaciones de consumidores, viene a sustituir a otra más antigua, tan complicada de aplicar que nunca se ha puesto en práctica. Ahora los Gobiernos de los Quince deberán aprobarla en el Consejo de ministros responsables de Consumo.

Puede haber dificultades, porque en algunos países ya han empezado las campañas contra el presunto intervencionismo burocrático la Comisión en este asunto. La propia Bonino adujo dos ejemplos de 'falacias" con las que se la ha atacado: "dicen que queremos imponer la venta de camiones por toneladas o de los vestidos por centímetro cuadrado de tela", cuando la obligatoriedad de la doble información sólo se aplicará a los productos alimentarios.

Se hará además con flexibilidad, dijo Bonino. Esto es, aplicando el principio de subsidiariedad -gestión de las decisiones por la Administración más adecuada o próxima- en los casos necesarios. Por ejemplo, en algunos países ciertos productos no se: venden al peso, sino al trozo; en otros, difieren las unidades de referencia: los huevos se comercializan en Dinamarca al peso, y no por docenas o unidades.

El calendario también será flexible. Se necesitarán al menos dos años para que la norma obtenga las bendiciones pertinentes y entre en vigor. Después, los pequeños comercios dispondrán de cuatro años adicionales para adaptarse. 0 sea, para equiparse con los lectores ópticos. Estos aparatos cuestan en Bélgica entre las 60.000 y las 100.000 pesetas, "una cantidad no exagerada si se reparte en seis años", según la comisaria.

Este plazo coincidirá seguramente con el de otra obligación informativa en los comercios: la derivada de la, implantación de la moneda única, que requerirá ofrecer a los clientes la traducción de los precios nacionales al ecu, o como quiera que acabe llamándose.

Pero aunque se extreme la flexibilidad, cualquier nueva iniciativa legislativa de la Comisión levanta suspicacias. "¿Por qué creen necesaria una nueva legislación, acaso no pueden elaborarla los Estados miembros para cada país?", inquirían los anglosajones. "Porque han pasado muchos años y sólo dos Estados lo han hecho. Nosotros también debemos velar por la transparencia. y por los derechos del consumidor", replicaba la comisaria Bonino.