El INI plantea reducir un 60% el empleo de los astilleros públicos y cerrar los de Cádiz y Sevilla

Reducir el empleo un 60%, rebajar el sueldo de la plantilla que permanezca un 10% y cerrar los astilleros de Cádiz y Sevilla son las medidas más sobresalientes del Plan Estratégico de Competitividad de los astilleros públicos presentado ayer por la dirección naval del INI, y que ha provocado ya una fuerte protesta por parte de los sindicatos, así como del PSOE de Andalucía y el Gobierno andaluz. Bajo tan rimbombante nombre, el plan supone un fortísimo ajuste en el sector, el tercero desde 1984, y unas ayudas públicas hasta 1998 de 180.000 millones de pesetas, a las que Bruselas tendrá que dar el visto bueno. El INI pretende presentar un plan consensuado en la UE antes del 15 de agosto.

El presidente de la División de Construcción Naval del grupo público, Carlos Martínez de Albornoz, presentó ayer el plan por el cual el sector naval público quedará reducido a los tres grandes astilleros de Astano, en Ferrol, Puerto Real y Sestao, además del centro de producción de motores de Manises y de un nuevo centro tecnológico que se creará, todo ello con una plantilla de 4.000 trabajadores, frente a los 10.000 que hay actualmente. Los astilleros se incluirán en la Agencia Industrial de Estado, junto a otras empresas sin futuro.El plan prevé el cierre de los astilleros de Sevilla y Cádiz y una posterior venta de Juliana, Barreras y Astander. La reducción de plantilla se haría de forma no traumática y los trabajadores que permanecieran en su puesto verían reducidos sus salarios un 10% y congelados hasta que no se consiguieran beneficios, lo que se prevé para 1997.

El sector contaría con ayudas públicas por 180.000 millones, de los que la mitad, aproximadamente, serían aportaciones del Estado por reposición de pérdidas ya comprometidas, pero no abonadas, y gastos financieros y la otra mitad se destinaría a acometer las medidas que prevé el plan de ajuste.

De cumplirse las previsiones del INI, se pasaría de unas pérdidas previstas de 45.396 millones de pesetas para este año, a pérdidas de 17.500 millones en 1996 y 1.445 de beneficios en 1997. Los costes financieros pasarían de 13.551 millones previstos este año a 2.580 en 1997.

Carlos Martínez reconoció en la presentación del plan a los sindicatos que se han trazado unos objetivos "ambiciosos, pero realistas" puesto que la única solución en el sector es recortar costes, ya que no se espera un incremento de la demanda ni tampoco de los precios internacionales.

El INI quiere presentar el plan en Bruselas antes del 15 de agosto, y pretende hacerlo con consenso. Esta fecha ya prorroga la del 30 de junio que el Ministerio de Industria había fijado en primer lugar. La dirección del sector naval y los sindicatos -CC OO, UGT, CTA, CIG, y ELA-STV) comenzarán a negociar el próximo lunes. Sin embargo, el acuerdo no parece fácil.

La Federación del Metal de UGT ya ha rechazado las principales medidas del plan porque, a su juicio, "podría suponer la desaparición del sector público de construcción naval a medio plazo o, al menos, la mayoría del mismo". UGT considera inadmisible, además, fijar como tope el 15 de agosto cuando el INI ha retrasado más de un año la presentación del plan "por motivos políticos".

Pero donde la contestación ha sido mayor es en Andalucía que ve desaparecer dos grandes astilleros. El Gobierno andaluz, el PSOE de la región y los sindicatos han calificado de "incompetente" al equipo del INI, al que responsabilizan de "provocar el mayor conflicto social que puede sufrir la comunidad autónoma".

El PSOE andaluz ha presentado una proposición no de ley en el Parlamento regional en la que exige el mantenimiento del sector industrial andaluz. "Lo que nos pide el cuerpo", ha dicho José Caballos, portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, "es pedir al Ministerio de Industria que ponga de patitas en la calle al grupito de tecnócratas que ha elaborado el plan". El presidente de la Junta, Manuel Chaves, recibirá hoy a UGT y CC OO para expresar la posición de su Gobierno en el conflicto. El presidente del Partido Andalucista, Antonio Moreno, mostró también su "más enérgico rechazo" a la reestructuración.

Según los planes de la OCDE a partir de 1998 no podrán darse ayudas públicas al sector por lo que se pretende, según manifestó ayer Carlos Martínez de Albornoz, que el 95% de los costes de los barcos se cubra por el precio que paga el armador, y no como hasta ahora que sólo cubre el 49%.