Un hábil negociador, que ya analizó la sanidad pública

Fernando Abril Martorell (Valencia, 1936), siempre ha sido un hábil negociador. Duro y flexible a la vez. "Es una cuestión de vegija", comentaba irónico en sus tiempos de vicepresidente del Gobierno para Asuntos Económicos con UCD, cuando consiguió llegar a un acuerdo con los trabajadores de Nervacero, "que negociaban con las metralletas de ETA sobre la mesa", en palabras de esos días. Abril cerró el conflicto en tres madrugadas. Eso sí, era el primero en llegar a la mesa negociadora de Castellana 5 y el último en levantarse.Esta vez le ha costado menos. En menos de una semana de excedencia en el Banco Central-Hispano y la Unión Naval de Levante (de donde es primer ejecutivo), ha conseguido al menos una tregua. No ha tenido que ganar por agotamiento, porque ambas partes del conflicto médico ya estaban lo suficientemente agotadas. Sólo necesitaban un árbitro de buen talante y mejor conocimiento del tema. Dos cosas que a Fernando Abril le sobran. En 1990 fue encargado por el entonces ministro socialista de Sanidad, Julián García Vargas, de presidir una comisión para analizar el sistema nacional de salud español y proponer las modificaciones deseables a la vista de los cambios en la demanda y la previsible escasez de recursos para cubrirla.

Abril es ingeniero agrónomo y economista, ocupó diversos cargos políticos en el franquismo y fue ministro de Agricultura en el primer Gobierno de Adolfo Suárez. Luego ascendió a vicepresidente tras la salida del Gobierno de Enrique Fuentes Quintana, hasta que fue sacrificado por Adolfo Suárez, en el penúltimo intento de salvar gobierno y partido.

La comisión Abril, hizo público su informe en julio de 1991. En él proponía, entre otras cosas, que los usuarios participasen en el coste de los servicios. Se retiró a última hora una propuesta para que el déficit se financiara mediante la emisión de deuda pública y un incremento de los impuestos y las cotizaciones.

La comisión apostó también por delimitar las prestaciones básicas que deben ser cubiertas, y que todas las demás tuvieran una cofinanciación del usuario, así como por medidas de limitación del gasto farmacéutico. En este sentido se ha avanzado en los últimos años con el catálogo de prestaciones básicas, hecho público a finales del año pasado por la actual ministra de Sanidad, Angeles Amador.

En cuanto a la gestión de los hospitales, Abril Martorell se decantó por su transformación en sociedades anónimas, que permitieran, además de una gestión más autónoma, una negociación sindical "articulada", por la cual el actual estatuto funcionarial del personal del Insalud, entre ellos los médicos, adquiriría en parte el carácter de convenio colectivo.