11 marineros españoles, encerrados en una siniestra prisión de Venezuela acusados de narcotráfico

L.VINOGRADOFF )Las ratas y los excrementos invaden el penal de Barcelona, situado al noreste de Venezuela, donde se encuentra detenida desde media dos de marzo pasado la tripulación -11 españoles, incluido el capitán, y tres venezolanos- del barco atunero Monte Blanco, acusados todos de tráfico de drogas. La violencia -seis reclusos han sido asesinados en dos meses- y las condiciones infrahumanas de la prisión ponen en peligro la vida de la tripulación, que se declara inocente.

La lentitud de los tribunales venezolanos aterroriza a estos hombres, especialmente después de enterarse por la radio local de que el veterinario canario Manuel Jiménez Castro pasó 27 años encerrado, esperando el desenlace de su juicio por un crimen que no cometió. "Qué esperanza nos queda a nosotros que llevamos dos meses detenidos" dice el capitán del barco, Miguel Ángel Pena Lamas.EI decomiso de 18 kilos de cocaína, se produjo el 19 de marzo, durante una inspección de la Armada venezolana en el puerto de Guanta. La droga, de alta pureza, fue localizada en el interior de la fogonadura del mástil principal del buque, al que hubo que abrir un boquete con soplete para extraer la cuerda que sostenía amarrados seis paquetes rectangulares de pasta blanca envueltos en plástico. Desde ese momento, tanto el atunero de bandera venezolana como sus sorprendida tripulación se encuentran en prisión preventiva: la nave en el muelle y los marineros en la cárcel de Barcelona.

Posteriormente, la juez Oly Golyndano, del tribunal Segundo Penal, que lleva la causa, autorizó a cinco maquinistas -cuatro españoles y un venezolano- a trasladarse al buque para ocuparse de su mantenimiento: había sido saqueado y el salitre y la parálisis estaban dañando sus instalaciones.

A excepción del primer oficial, Antonio Villena, que es granadino y residente en Valencia, los demás españoles son de Galicia: el capitán Miguel Ángel Pena, Víctor Caamaño, Francisco Martínez, José María González, Joaquín Vidal, Francisco Devesa Antonio Gómez, José Antonio Rivera, Emilio Cabral y Antonio Lema. Los venezolanos son: Miguel Alvarado, Gregory Salazar y Jesús Rosillo.

El Monte Blanco zarpo del puerto de Laxe, en Galicia, la primera semana de enero para cumplir un recorrido por las aguas de Italia,España, Colombia y Venezuela, cargando y descargando atún, en todos sus puertos, según los requerimientos de sus patrones del grupo Calvo, cuya subsidiaria en Guanta es la procesadora Atorsa.

La Guardia Civil y la DEA

Sin, embargo, los agentes de la DEA (agencia antinarcóticos estadounidense) y de la Guardia Civil española tenían información de que alguien del Monte Blanco traficaba con drogas. La sospecha recayó sobre el venezolano José Luis Ramos, residente en Carúpano, cerca de la frontera con Colombia. La Pesquera Monte Blanco, arrendadora del barco al grupo Calvo, inmediatamente despidió al sospechoso, el 2 de enero. Pero los recelos sobre el buque continuaron. La Guardia Civil española registró el barco antes de zarpar de Galicia y no encontró nada. También lo hizo la DEA en Cartagena (Colombia), sin resultado. Después, 11 policías navales venezolanos inspeccionaron el atunero en alta mar, a la altura de Puerto Cabello, y al cabo de dos horas se fueron sin ver un gramo de coca. El Monte Blanco desembarcó 400 toneladas de atún en Guanta y, finalmente, los agentes de la Manna venezolana, tras ocho días de búsqueda, encontraron la droga en el mástil principal. El óxido de los envoltorios de los seis paquetes revelaba que llevaban mucho tiempo allí.

Las pérdidas por la detención del barco son cuantiosas. "Este desgraciado incidente nos hace perder 5.000 dólares diarios (unas 600.000 pesetas), que es el alquiler de la nave", afirma el presidente de la Pesquera Monte Blanco, Eugenio de la Vega, un español residente desde hace muchos años en Venezuela.

Pero los daños van más allá de la empresa. El pueblo de Guanta, a 18 kilómetros de Barcelona, vive de la fábrica de Atorsal la procesadora de atún, considerada como la más moderna de América Latina, en la que trabajan 400 empleados.

La preocupación inmediata del capitán Pena, de 38 años, es "amanecer con vida". "Aquí los choros [presos comunes] andan armados con chopos -rifles de fabricación casera] y chuzos [puñales rústicos] y matan sin mayor contemplación", dice en la jerga carcelaria criolla.

No hay camas

La semana pasada, gracias a la gestión del consulado de España, le pudieron trasladar junto a tres Compañeros más al cuarto piso del penal, denorninado el especíal, porque en el primer piso donde estaban antes las ratas se subían a sus cuerpos y la hediondez de los excrementos por la falta de agua hacía insoportable el lugar, en cuyo suelo se duerme, pues no hay camas.

"Nosotros no sabíamos que la droga estaba en el interior del mástil. Colaboramos con la Policía Naval de Guanta en la búsqueda de la droga. Si fuésemos culpables ya hubiéramos tenido tiempo y oportunidad de deshacernos de ella y escapa", asegura Pena.

Para Antonio Lema, González, de 50 años, estar detenido siendo inocente es "un martirio". "Estamos temblando, no podemos bajar ni salir a las áreas de la cárcel porque matan a cualquiera", señal "Y luego esta incertidumbre sobre la justicia venezolana..., nuestras familias en España... No tenemos ni antecedentes penales ni bienes de fortuna".

Emilio Cabral, de 25 años, es el cocinero del buque. "Estoy navegando desde los 16 años y éste es mi primer viaje con el Monte Blanco". Llorando exclama: "Me siento mal, sin culpa alguna. Estamos pendientes de que, no nos maten los otros internos. Si yo fuera traficante no estaría haciendo la cocina en un barco, sino viviendo con lujo".

Francisco Devesa, soltéro, 32 años, considera que es "una injusticia lo que están haciendo las autoridades venezolanas".

Gregory Salazar, de 24 años, segundo oficial del buque y uno de los tres venezolanos del caso, afirma: "No confío en la justicia venezolana. Somos trabajadores de una compañía. No somos delincuentes". Los tres venezolanos llevaban ya ocho días de vacaciones cuando la policía en contró la droga. "Cuando nos enteramos del problema nos presentamos y nos detuvieron".

EL PAÍS ha tenido acceso al expediente en el juzgado Segundo Penal de Barcelona, que presenta deficiencias en cuanto a la aportación de pruebas y a la disparidad en la cifra de la droga incautada. Al inicio de las acusaciones, el fiscal afirma que los seis paquetes de cocaína pesaban casi dos kilos, mientras que el examen químico practicado por la Policía Técnica Judicial asegura que el peso registraba 4,755 kilos de pasta blanca. Además, el fiscal solicita la pena máxima, entre 10 y 20 años de cárcel, lo que según la defensa, Antonio Barrios es incoherente ya que la tripulación ha colaborado con la justicia en todo momento. La legislación venezolana no admite la, libertad bajo fianza para los delitos de narcotráfico.