Más queun chalet

CONTRA JAUME Roma, hasta ahora consejero de Obras Públicas del Gobierno catalán, y anteriormente responsable de la contratación de obras del Servicio Catalán de Salud (SCS), hay una acción judicial en marcha. Al margen de la misma, el ex consejero de Pujol ha asumido sus responsabilidades políticas y presentado su dimisión. Es lo exigible en un caso como éste, en el que existe una acusación de malversación de fondos públicos. Pero tal vez no baste.La acción judicial fue iniciada por cinco empresarios que acusan a Roma de haberse lucrado personalmente de las adjudicaciones directas concedidas a la empresa Trad, SA, mediante la obtención de un precio de favor en la construcción de su vivienda por parte de la misma sociedad. Roma ha intentado explicar el caso en la comparecencia parlamentaria en, que ha hecho efectiva su dimisión; pero sus explicaciones se dirigen únicamente a neutralizar las imputaciones que contiene la querella, desmintiendo la acusación de lucro personal mediante unos peritajes que apoyan su versión sobre la coincidencia entre el precio real y el pagado por la vivienda. Ciertamente, estas pruebas pueden contrarrestar los efectos de la querella, es decir, evitar las consecuencias penales que se derivarían del cobro de una comisión por parte del consejero.

La dimisión enfrenta una cuestión que no es penal, sino moral, y que ha sido perfectamente diagnosticada por el propio Pujol en su carta de agradecimiento a Roma por los servicios prestados: "Tú dices, y con razón, que el hecho de que la empresa que te hizo el chalet recibiese obras del Servei Catalá: de la Salut (SCS) en la época en que tú eras responsable haría recaer siempre sobre ti una sospecha, y probablemente mantendría encendida una campaña que nos perjudicaría a todos, a ti y a nuestro Gobierno".

La acción judicial está en marcha y la dimisión es ya efectiva. Irreprochable. Pero la construcción del chalet por la empresa Trad aparece sólo como el cabo de un hilo cuyo origen ha de determinarse. Trad es una empresa ya liquidada que trabajaba con subcontratistas y recibió un porcentaje de adjudicaciones directas e indirectas del SCS muy superior a empresas acreditadas del sector por valor de unos 1.600 millones de pesetas, casi todas sin concurso. No estaba inscrita en el registro oficial de contratistas, tal como establece la Ley de Contratos del Estado, que fue eludida durante dos años gracias a una normativa autonómica específica, jurídicamente discutible. Sus propietarios han seguido trabajando con la Administración catalana después de la quiebra y liquidación y de dejar un reguero de acreedores, entre los que están los empresarios que se han querellado contra Roma. La sospecha no tiene, por tanto, su origen únicamente en el. valor del chalet de Roma, sino en el peculiar sistema de adjudicaciones utilizado por el consejero cuando era directivo del SCS y en la peculiar naturaleza de Trad.

Es un dato tranquilizador saber que, con la recientemente aprobada Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobada el pasado mes de abril, no habría habido ni caso Roma ni caso Trad. Esta ley, que tiene un carácter normativo. básico, fue criticada precisamente por Convergència i Unió, que quería eximir a las comunidades autónomas de su aplicación para que pudieran establecer a su arbitrio unos límites, en principio más laxos, de las condiciones de las adjudicaciones. Uno de los objetivos que persigue este tipo de legislación es evitar que una persona pueda convertirse en el único responsable de adjudicaciones de gran cuantía. Detale importante es que el principal impulsor de la ley, por su desenfreno adjudicador, fue el ex director. general de la Guardia Civil Luis Roldán.

Jaume Roma ha apoyado sus argumentos exculpatorios esgrimiendo dos datos: que por sus manos han pasado 3,6 billones del presupuesto catalán Y que ha adjudicado obras y servicios a lo largo de su dilatada carrera. de funcionario de alto nivel a más de 1.000 empresas, Pero todo esto se produjo antes de que la nueva ley entrara. en vigor y en parte durante el interregno de dos años en que la Generalitat relajó las normas de contratación, por lo que su defensa más bien aumenta las sospechas. O, como mínimo, la necesidad de aclarar todo sobre las adjudicaciones directas que han pasado por sus manos. Por ello, si en algún caso se justifica una comisión de investigación, que realice una auténtica auditoría sobre las adjudicaciones directas realizadas por el SCS y por las obras realizadas por Trad, es éste. Y quienes se opongan a esta investigación rinden mal servicio a la transparencia y, por tanto, a la democracia.