Los grandes hospitales de Madrid amenazan con colapsar las urgencias con huelgas de celo

Los 31 días de huelga de los especialistas del Insalud empiezan a perturbar seriamente la marcha hospitalaria. El gerente del centro Virgen de la Salud de Toledo, ha denunciado ante los tribunales su situación de "emergencia". Y los médicos de los grandes hospitales de Madrid amenazan con colapsar las urgencias. La negociación sigue paralizada a la espera de la contraoferta del sindicato médico, que destacó ayer la "ironía" de negociar con altos cargos de Sanidad "que cobran ilegalmente por la productividad fija que nos niegan". Trabajo afirma que se trata de un "error administrativo".

El hospital Virgen de la Salud de Toledo está en situación de "emergencia". El colapso que se vive en este centro ha llevado a la dirección del mismo a denunciarlo ante el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Toledo, las direcciones generales del Insalud y de Atención Hospitalaria, así como al gobernador civil y al Juzgado de Guardia, informa Isabel Salvador. El índice de sobreocupación del hospital "se ha agravado hasta tal punto que hay 60 pacientes en los pasillos", denuncia un comunicado.En los cuatro grandes hospitales de Madrid el blanco son ahora las urgencias, el último reducto que hasta ahora tenían los pacientes para asegurar su asistencia. Los médicos del Doce de Octubre declararon su intención de poner en práctica una huelga de celo en los servicios de urgencia para acabar bloqueándolos, de manera "que tengan que cerrar se por colapso", según dijo Jacinto García Pascual, portavoz del comité de huelga. Se pretende atender "de forma tan exhaustiva" a los pacientes de urgencias que no se les pueda dar el alta en varios días y no puedan así ingresar nuevos enfermos.

Estrategia

El bloqueo de las urgencias forma parte de una estrategia común acordada por los comités de huelga de los cuatro grandes hospitales de Madrid (Doce de Octubre, La Paz, Clínico y Ramón y Cajal) para "acelerar la situación en la capital, donde la huelga hasta ahora está siendo muy suave". Los facultativos planean también dejar de atender en las consultas externas a los enfermos desplazados de otras comunidades.

Los médicos propusieron también pedir a los responsables del PP que se manifiesten sobre el conflicto, y si los acuerdos que la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) pueda firmar ahora' se mantendrían en caso de llegar al poder. "Pensamos que el PP debería haberse pronunciado hace tiempo sobre el conflicto y que, sin embargo, ha permanecido al margen", afirma García Pascual.

La CESM presentará, a las 17.00 horas de hoy, una contraoferta al Insalud, tras rechazar la nueva redacción del polémico párrafo que motivó la negativa de la ministra de Sanidad a firmar. El nuevo documento deja claro que sólo habrá 3.500 millones para cada uno de los tres años del acuerdo, y repite por tres veces consecutivas, que su reparto irá ligado a "productividad vinculada a objetivos".

"Lo que hace esta oferta es vaciar de contenido el 96 y el 97", argumenta la CESM. Sus líderes insisten en que "aparte de lo que se pudiera hacer aflorar con la reorganización de los hospitales, pactamos que viniera dinero nuevo". La cantidad, que según la CESM se les prometió, en una negociación personal entre la ministra Ángeles Amador y el líder sindical Vicente Garcés, y sobre la que se pidió discreción, se cifraba en 6.100 millones para cada uno de los dos próximos años. Amador niega tajantemente que hubiera prometido "cantidades adicionales".

Un nuevo elemento de distorsión es el contenido del informe de la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado, publicado ayer por Diario 16. Según el mismo, altos cargos de la Administración, entre ellos el subsecretario de Sanidad, José Luis Temes y la directora general del Insalud, Carmen Martínez Aguayo, han estado cobrando cantidades ilegales por un complemento de, destino que luego se pasó a la partida de productividad. "Ha sido un error de conceptos retributivos motivado por un cambio de legislación no tenido en cuenta", respondió ayer el Ministerio de Trabajo y afirmó que, estos incrementos retributivos se ajustan a la legalidad.