ETA recibió los datos sobre el empresario secuestrado de uno de sus antiguos empleados

ETA recibió los datos sobre los hábitos y la situación económica de José María Aldaya de un antiguo empleado, Alfonso Castro Sarriegui, de 23 años. Éste fue detenido en agosto de 1991 y condenado en junio de 1993 a 66 años de prisión por asesinato frustrado y pertenencia a ETA. Castro era entonces policía municipal de Rentería y miembro del comando Ipar Haizea (Viento del Norte), grupo de apoyo al comando Donosti. La familia del empresario secuestrado el lunes asegura que no pagaba el impuesto revolucionario ni había sido amenazado. Según el portavoz, Francisco Audela, ni Interior ni el Gobierno vasco le habían alertado sobre su inclusión en los documentos de ETA. La viceministra de Interior, Margarita Robles, considera "obvio" que el secuestro tiene que ver con las elecciones, aparte de que los etarras pretendan "llenar sus arcas".

"A mí no me pueden pedir eso, así que yo no debo ser. Debe ser algún otro Aldaya que sea transportista". Ésa fue la respuesta de José María Aldaya, de 53 años, cuando Ricardo Zamacola, secretario general de la Asociación de Transportistas de Guipúzcoa, le preguntó si era él el que aparecía en un documento de ETA con una propuesta de rescate de 1.000 millones. El empresario secuestrado el pasado lunes en Hondarribia (Guipúzcoa) no creyó nunca que él pudiera ser objetivo de la banda armada.Ni el Ministerio del Interior ni el Gobierno vasco comunicaron a Aldaya que su nombre figuraba en documentos de ETA, según la familia, y la primera noticia que tuvo éste fue en noviembre pasado, cuando fue citado en la prensa como potencial objetivo de la banda terrorista. Sin embargo, fuentes ministeriales, insistieron ayer en que Aldaya fue alertado, "como se hace siempre en estos casos".

El departamento de Interior vasco, según el viceconsejero José Manuel Martiarena, no tiene entre sus objetivos entorpecer un posible pago de rescate de los familiares a los secuestradores. "Nuestras prioridades en estos momentos son liberar al secuestrado y coger a los secuestradores", afirmó, en declaraciones a la cadena SER.Un secuestro largo

Martiarena, auguró un secuestro largo: "[Los secuestradores] ya tienen tiempo de seguridad, ya están absolutamente encerrados. Ahora, durante una temporada no se moverá nadie y empezaremos esta pelea de todo tipo que son los tres meses o cuatro meses de duración de un secuestro".

La familia Aldaya permaneció ayer sin salir de su domicilio en un chalé de la urbanización Jaizkibel, en Hondarribia. Sobre las tres y media de la tarde llegó a la casa uno de los hijos, José María, que trabaja como médico en Londres y que se enteró del secuestro de su padre en la noche del martes.

José María no quiso hablar ante las cámaras y los micrófonos de los periodistas para enviar un mensaje a los secuestradores de su padre: "¿Para qué? No me van a escuchar". En el domicilio familiar le esperaban su madre, Dolores Lorenzo, y sus dos hermanos. La familia recibió la visita del consejero vasco de Interior, Juan María Atutxa.

Agentes de la Ertzaintza continúan rastreando los caminos y senderos hasta el domicilio de la familia Aldaya en busca de alguna pista sobre los secuestradores. No han sido localizadas, según Martiarena, las llaves del vehículo de José María Aldaya.

En la urbanización Jaizkibel, en la que vive la familia del secuestrado, residen numerosos empresarios y algunos políticos, que cuentan con escolta policial y adoptan especiales medidas de seguridad.

Los colectivos pacifistas que actúan en Euskadi han pedido a los vascos que se movilicen para exigir a ETA la inmediata puesta en libertad del industrial guipuzcoano. En las calles del País Vasco se volverá a ver el lazo azul que se utilizó como símbolo para pedir, en el verano de 1993, la liberación del ingeniero donostiarra Julio Iglesias Zamora, también secuestrado por ETA. El Ayuntamiento de Irún y el de San Sebastián colocaron ayer en los balcones de la fachada principal un lazo azul.

La asociación Denon Artea ha convocado para mañana un paro de cinco minutos en el que se exigirá en silencio la liberación de Altaya.

El abogado Juan María Bandrés hizo un llamamiento a todos los ciudadanos para que salgan a la calle y consigan "avergonzar a quienes cometen esas acciones y a quienes les apoyan".El juez Carlos Bueren, titular del Juzgado número 1 de la Audiencia Nacional, continúa en el País Vasco coordinando a los distintos servicios policiales -Ertzaintza, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía- que trabajan en el esclarecimiento del secuestro. Fuentes de la lucha antiterrorista confirmaron que el peso de la investigación lo lleva la policía autonómica, y que la Guardia Civil y la Policía colaborarán aportando datos o como apoyo en operaciones concretas.