Los líderes sindicales bolivianos, confinados en cuarteles de la selva

El estado de sitio decretado la madrugada del miércoles en Bolivia terminó con las violentas manifestaciones de maestros y cocaleros bolivianos, pero todo hace pensar que la detención y confinamiento de 303 sindicalistas en remotos acuartelamientos de la selva andina y la excepcionalidad impuesta por el presidente Gonzalo Sánchez de Losada distanciarán todavía más al Gobierno, la oposición y la Central Obrera Boliviana (COB).

, La COB es radicalmente opuesta al programa aplicado por el Gobierno para salir del subdesarrollo y resolver los "acuciantes" problemas sociales de uno de los países más pobres de América Latina.La gran mayoría de los maestros, m al pagados y contrarios a la reforma educativa en marcha, continúan una huelga comenzada hace 39 días y sobre ellos pende la amenaza de despido cursada por el ministerio de Educación de no reincoporarse a sus puestos la próxima semana. "Estamos sin un centavo, y nuestros estómagos y los de nuestras familias están vacíos", protestaba un maestro de la plantilla del colegio Germán Busch, en la capital boliviana.

Los dirigentes cocaleros, que se sumaron a las movilizaciones de otros gremios, en abierta rebeldía política, denuncian, por su parte, el plan de erradicación de los cultivos de coca al desconfiar de las alternativas ofrecidas a su tradicional trabajo y modo de vida y acusan a la Administración de haber establecido el estado de sitio para militarizar los campos del Chapare y cumplir por la fuerza con los plazos de erradicación marcados por Estados Unidos. El principal activista de los cocaleros, Evo Morales, desde un calabozo, hizo un llamamiento al bloqueo de caminos a partir del lunes y a no arrancar una planta más, mientras representantes de los productores, reunidos clandestinamente, anunciaron que se está preparando una marcha a La Paz de sus esposas e hijos.

El estado de sitio, decretado para restablecer la tranquilidad social y regional", prohíbe las reuniones de grupos políticos, sindicales y sociales, la circulación pasada la medianoche y el tránsito de vehículos con cristales opacos, y establece los salvoconductos para viajar por el interior del país.

Poderes de virrey

La Iglesia católica ha protestado contra esta serie de medidas de excepción por estimar que las negociaciones entre los sindicatos y el Gobierno iban por buen camino, extremo negado por el Gabinete, que advirtió contra la existencia de movimientos secesionistas en varios departamentos que reclaman una pronta descentralizacion. "En actitud de total desconocimiento a las leyes de la República, la COB definió la profundización de las medidas de presión, huelgas de hambre, bloqueos, sabotajes a los servicios públicos, perturbando la paz social y tranquilidad pública", afirmó un portavoz gubernamental.

La policía, mientras tanto, busca al dirigente Guillermo Lora, a quien el ministro de Gobierno, Carlos Sánchez Berzáin, acusa de ser el "asesor y uno de los principales intelectuales del proceso de subversión encabezado por el trotskismo en el país.".

Diplomáticos latinoamericanos acreditados en La Paz admitieron sus dudas respecto a la eficacia de las medidas de excepción adoptadas para la solución de las carencias bolivianas, y uno de ellos aludió a la "torpeza gubernamental, ausencia de una línea coherente y reglas de juego claras" en la raíz de la situación actual.

El diputado opositor Carlos Borth sostiene que se asiste al corolario de una serie de desaciertos de la coalición en el poder, "que es incapaz de lograr ambientes de diálogo para solucionar los legítimos cuestionamientos de la sociedad civil". Kurtis Kammann, embajador norteamericano, con "poderes de virrey" según algunos analistas políticos, se manifiesta cauto. "Existe preocupación en los países de afuera cuando existe un estado de sitio; sin embargo, también se tiene que comprender que se trata de una medida para resolver problemas". La oposición parlamentaria, en minoría, poco pudo hacer para evitar el respaldo del Congreso al decreto promulgado por el presidente Sánchez de Losada, con una vigencia de 90 días.