Un tribunal militar con parientes y colaboradores de Obiang juzga a Severo Moto por alta traición

Un tribunal militar formado por parientes y estrechos colaboradores del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, juzgó ayer por alta traición al líder de la oposición y presidente del Partido del Progreso (PP), a su vez principal rival de Obiang, junto con otros nueve civiles y militares. El tribunal se reunirá hoy a las diez de la mañana para dictar sentencia. El fiscal militar pide pena de muerte para el ex, teniente coronel Pedro Esono Michá y para el soldado Pedro Mesá Mbá. Para Moto solicita 30 años de reclusión, inhabilitación política de por vida y disolución de su partido, el primero en influencia en Guinea Ecuatorial. En su declaración ante el tribunal, Moto negó los delitos que se le imputan.

Todos los acusados excepto Moto declararon que fueron torturados durante días en las de pendencias de la residencia de Obiang en Bata. El fiscal pide para ellos penas de entre 5 y 25 años de prisión. La sorpresa fue la pena de muerte solicitada para el ex teniente coronel Esono Michá, que estaba retirado y aparecía sólo como cómplice o encumbridor de la supuesta conjura para derrocar a Obiang, mientras que Moto y el soldado Mesa Mbá eran acusados de ser los autores. Fuentes de la oposición indicaron que los dos condenados a muerte ya ni siquiera comparecerán hoy a la lectura de la sentencia y serán ejecutados de inmediato.Al juicio asistieron, representantes de las embajadas acreditadas en Malabo. La vista fue pública, empezó a las nueve de la mañana y se prolongó hasta las siete de la tarde en el cine Marfil, donde se celebró en 1979 el proceso contra el dictador Francisco Macías.

La expectación ayer era intensa en Malabo, y mientras la oposición se sentía atemorizada por los acontecimientos, el régimen dictatorial preparaba el ambiente con manifestaciones callejeras. Sus seguidores coparon todos los lugares en la improvisada sala judicial. En sitios preferentes ocuparon también asiento el secretario de Estado para la Seguridad, Manuel Nguema Nbá, tío de Obiang, y varios miembros del Gobierno

El tribunal está formado por el teniente coronel Santiago Mauro Nguema (presidente); teniente coronel Inocencio Ngomo, jefe del Estado Mayor (vicepresidente); capitán de corbeta Roberto Mbandongo, ayudante de campo de Obiang; capitán Francisco Asumo Obama, y comandante Lorenzo Ondó Elá, hermano del ministro del Interior. Los fiscales, los comandantes Román Bibang Oná y Eustaquio Nseng.

Un asunto familiar

El juicio ha sido un asunto familiar. El vicepresidente del tribunal y el fiscal Nseng son sobrinos de Obiang, y otro miembro del tribunal, Roberto Mbandongo, también es, pariente del dictador. Este inquietante círculo se completa con que todos los demás jueces y el segundo fiscal pertenecen al llamado clan de Mongomo, que gobierna Guinea y toma el nombre del pueblo de Obiang. Por ello se cree que la sentencia de hoy reflejará la petición fiscal.

"Tal como yo vi aquéllo y a juzgar por las caras que tenían los del tribunal y la gente allí sentada, creo que hay instrucciones para cargarse a alguien", comentaba a EL PAÍS telefónicamente Celestino Bacale, secretario de relaciones internacionales del segundo partido de la oposición guineana, Convergencia para la Democracia Social (CPDS).

Los hechos juzgados se remontan al pasado mes de febrero cuando un brigada del Ejército se presentó en una comisaría para denunciar que un compañero de armas le había propuesto participar en una conspiración contra Obiang. Ésto desencadenó una investigación que llevó al descubrimiento de dos reuniones celebradas en el domicilio de Norberto Nkulu, en Malabo, a las que acudieron supuestamente Moto, el soldado Pedro Masa Mbá y los demás procesados. Según la acusación, en la primera de esas reuniones Moto dijo que iba a viajar a EE UU para pedir apoyo y acabar con la dictadura de Obiang. La segunda reunión se celebró después de regresar de EE UU, y en ella Moto aseguró, según la acusación, que había pedido barcos para llevar a cabo una operación en Guinea similar a la de Kuwait y la de Haití.

Entre las pruebas que aporta la acusación figura una carta enviada por Moto en 1992 al ministro guineano de Defensa, Melanio Ebendeng, en la que requiere información sobre la opinión de los militares respecto al proceso democrático de Guinea, lo que es calificado de sedición. Moto negó todos los delitos de que se le acusa: atentar contra el jefe del Estado, contra la seguridad del Estado y contra la forma de Gobierno; traición, y, violación del artículo 25 de la Ley de Partidos Políticos, que prohíbe a éstos incitar a la violencia.

El fiscal Nseng aprovechó para leer un alegato de 40 folios contra España que duró 20 minutos. En Madrid, el director general para África del Ministerio de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, convocó al embajador ecuatoguineano en Madrid, Santiago Nsobeya, para manifestarle la sorpresa e indignación del Gobierno español por las declaraciones del portavoz del Ejecutivo de Malabo, Antonio Fernando Nve, en las que acusaba a España de injerencia en los asuntos internos de Guinea Ecuatorial.