La guerra sucia de la CIA
![Antonio Caño](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Fbeac12ba-699c-4d3e-89c6-e30be1d9a86c.png?auth=74fed457e58f28ed1f5682cefdc437f0ffd7a482e0124e2212ab78e056c83af2&width=100&height=100&smart=true)
La guerra sucia en Centroamérica durante los años ochenta se vuelve ahora repentinamente contra Estados Unidos, cuya población ha descubierto no sólo que su más famosa agencia de espionaje, la CIA, pagó a criminales que mataron incluso a ciuddanos norteamericanos, sino que esas actividades se extendieron a otras regiones de América Latina y a otros tiempos en los que el comunismo no suponía ya una amenaza. Este país trata ahora de limpiar esa página negra de, su historia contra la resistencia de dirigentes republicanos que creen más prudente seguir guardando silencio."Es el momento de poner punto y final a lo que la CIA ha hecho en Chile, en Argentina, en El Salvador y en otros países. Es hora de que se resuelvan uno a uno los crímenes que se cometieron en América Latina en nuestro nombre y con nuestros impuestos", ha pedido Jennifer Harbury, la mujer que con sus acciones de protesta consiguió sacar a la luz este debate.
Jennifer Harbury, una abogada norteamericana formada en la Universidad de Harvard, realizó gestiones durante años y sostuvo una larga huelga de hambre para conocer la suerte corrida por su esposo, el guerrillero guatemalteco Efraín Bamaca, desaparecido en 1992. Un congresista demócrata por New Jersey, Robert Torricelli, denunció el mes pasado que Bamaca había sido asesinado por órdenes del militar guatemalteco Julio Roberto Alpírez, quien también fue responsable de la muerte del estadounidense Michael de Vine en 1990. Torricelli dijo que Alpírez había estado en la nómina de la CIA hasta 1992 con un sueldo de poco más de 40.000 dólares al año (unos cinco millones de pesetas).
La nacionalidad de De Vine y de la viuda de Bamaca sirvió para convertir sus casos en un escándalo nacional en Estados Unidos. El presidente Bill Clinton, que reconoció no haber sido suficientemente informado de esos casos, ordenó crear una comisión de investigación, y la Cámara de Representantes, a instancias de Torricelli, interrogará también a los jefes de la CIA.
Pero antes de De Vine y Bamaca otras muchas personas han perdido la vida en América Latina a manos de unidades militares y escuadrones de la muerte directa o indirectamente manejados o financiados por la CIA. Solamente desde comienzos de esta década, desde que desapareció la posibilidad de aducir el peligro comunista, la organización de derechos humanos Americas Watch ha anotado los siguientes casos:
- Honduras: 184 personas fueron secuestradas por el Batallón 3-16 del Ejército. La mayoría de ellas desaparecieron; los que fueron liberados denunciaron haber sido objeto de torturas. El comisario de derechos humanos del Gobierno hondureño, Leo Valladores, asegura que los componentes de ese batallón han confesado haber sido entrenados por la CIA.
-Haití: El diario The New York Túnes afirma que la CIA creó una unidad especial del Ejército haitiano, el Servicio Nacional de Inteligencia, supuestamente destinada a combatir el tráfico de drogas, pero utilizada en la práctica como "un instrumento de terror", según el citado periódico. La participación de la CIA en ese proyecto fue suspendida tras el golpe militar de 1991.
-Perú: The Miami Herald y otros diarios han informado de la relación entre la CIA y un grupo especial del Ejército dedicado a la lucha contra las drogas. El responsable de esa unidad, Vladimiro Montesinos, está acusado de las más graves violaciones de los derechos humanos cometidas en Perú en los últimos años, incluida una matanza en 1991 y la desaparición de estudiantes y profesores de una universidad de Lima.
En décadas anteriores, la CIA había sido implicada en el golpe de Estado contra el presidente de Chile Salvador Allende, y, más recientemente, en el ocultamiento de las pruebas que demostraban la responsabilidad de la cúpula militar salvadoreña en el asesinato de los jesuitas españoles en El Salvador.
La conexión chilena fue certificada en 1975 por una comisión creada por el Congreso norteamericano, pero la implicación de funcionarios de EE UU en la protección de los asesinos de los jesuitas nunca fue aclarada.
Ahora, el congresista Torricelli considera que es la oportunidad de proceder a un cambio en los métodos de la CIA. "La guerra fría ha concluido y la CIA es el último elemento que queda para moverse hacia una nueva era", afirma Scott Wilson, asesor para Latinoamérica de Torricelli.
La comisión puesta en marcha por el presidente Clinton está limitada a investigar la muerte de ciudadanos norteamericanos y únicamente en Guatemala. Pero incluso así, Toni Farer, que fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y asesor de asuntos latinoamericanos en el Departamento de Estado durante los años setenta, cree que los resultados de esa investigación "pueden ser tan devastadores que obliguen a un cambio". Hasta la fecha existen ya al menos 10 casos conocidos de ciudadanos estadounidenses asesinados, torturados o secuestrados por miembros de las fuerzas armadas guatemaltecas, cuyo jefe en la época más siniestra, el general Héctor Gramajo, reconoce hoy que recibía "mucha ayuda de la inteligencia central de Estados Unidos".
"Podría ser que la CIA esté tan comprometida ya que sea necesaria una nueva institución o una limpieza a fondo", opina Farer. Un editorial de The New York Times propone que Clinton aproveche esta oportunidad para asegurarse de que "EE UU nunca más entrenará o apoyará a matones latinoamericanos".
Esos cambios no son, sin embargo, fáciles en un país que siempre ha relacionado la CIA con su seguridad nacional y que vive actualmente un resurgimiento del conservadurismo. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Newt Gingrich, ha encabezado la ofensiva para expulsar a Torricelli del Comité de Inteligencia de la Cámara baja por difundir una información que tenía carácter secreto.
Al mismo tiempo, un grupo de senadores demócratas, encabezados por Christopher Dodd, han escrito una carta al presidente Clinton en la que afirman: "Los norteamericanos tienen derecho a saber qué es lo que su propio Gobierno sabía sobre esos crímenes para determinar si se cometieron errores, y si es así, asegurarse de que no se repitan".
El primer gran debate a ese respecto se producirá en el Capitolio el próximo día 26, fecha del comienzo de las audiencias para la confirmación de John Deutch como nuevo director de la CIA.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.