La OEA recibe denuncias de abusos del Gobierno peruano en la campaña presidencial

La Iglesia católica pide imparcialidad en el proceso electoral peruano, burlado por funcionarios y mandos militares, según se ha denunciado por escrito y por la organización de derechos humanos Américas al presidente, Alberto. Fujimori, y al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria. El 9 de abril se celebrarán las elecciones generales, y Fujimori aventaja por un amplio margen a Javier Pérez de Cuéllar, anterior secretario de la ONU y segundo en la intención del voto.José Miguel Vivanco, director del organismo de derechos humanos, uno de cuyos representantes visitó el país latinoamericano en febrero, advierte que la transparencia y legitimidad del voto dependerá de los esfuerzos del Ejecutivo por remediar las carencias observadas.

El 4 de enero de 1995, el Congreso Constituyente Democrático (CCD aprobó una rey que define las actividades de campaña prohibidas para el presidente y otros funcionarios del Ejecutivo que buscan la reelección, y las sanciones aplicables en caso de infracción de esas normas.

Vivanco señala que, lamentablemente, el tono enérgico de las propuestas originales enviadas al Congreso por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fue drásticamente disminuido por la mayoría oficialista en el CCI), y la oposición abandonó el hemiciclo antes de procederse a la votación. La Iglesia católica, por su parte, ha reclamado imparcialidad al estamento castrense y al máximo tribunal electoral en una consulta que decidirá también los 120 titulares del Parlamento unicameral. "Ambas instituciones están al servicio del bien común y no al servicio de uno u otros candidatos", manifestó Irízar, secretario de la Conferencia Episcopal de un pais con el 90% de sus habitantes profesando la religión católica.

Actuación militar

Durante sus pesquisas en Perú, el grupo Américas, antes llamado Americas Watch, recibió información sobre violación de las leyes electorales por parte de funcionarios del Gobierno, uso indebido de recursos públicos y actuaciones de personal militar que ponen en duda la neutralidad del alto mando de las Fuerzas Armadas.

La ley órganica promulgada en julio, de 1994, encaminada a ordenar las elecciones de abril, y las enmiendas posteriores introducidas por el Jurado Nacional de Elecciones mejoraron la anterior situación.