Estados Unidos prepara medidas para limpiar a 'basura' de las autopistas de la información

La censura llega a las autopistas de la comunicación. Todo aquello que se considere "material obsceno, lúbrico, lascivo, asqueroso o indecente" y que se transmita a través de las redes de la comunicación electrónica -internet y otras- podría ser castigado con multas de hasta 100.000 dólares (13 millones de pesetas) y dos años de cárcel, si sale adelante una propuesta incluida en las nuevas normas que regularán las telecomunicaciones en EEUU.

A pesar de las críticas sobre la intromisión en la vida privada que supondría la censura, los senadores del Comité de Comercio no dudaron en incorporar al proyecto de ley -que todavía debe discutirse en el Senado y acomodarse al proyecto que apruebe la Cámara- el texto. redactado por Jim Exon, un demócrata de Nebraska que no quiere que se le malinterpete: "No trato de convertirme en un supercensor", ha declarado a The New York Times. Y explica: "Lo que me preocupa es la posibilidad de que los chicos puedan tener acceso a material pornográfico a través de sus ordenadores".La profusión de material "asqueroso o indecente" en el espacio cibernético ya ha sido advertida hace meses por los usuarios de Internet, que tienen a su disposición un menú elaborado por Playboy y otro por Penthouse. Además de los mensajes personales que tienen que ver con el sexo, en la navegación electrónica es posible encontrar también puertos más recónditos, como el llamado Sólo para sus ojos, con ofertas variadas de toda la gama de actividades y conversaciones de tipo sexual.

Las empresas que actúan como guías dentro de Internet y ofrecen servicios e información a cambio de una cuota mensual, como America OnLine, Compuserve y Prodigy, han recibido con preocupación la noticia del proyecto de ley, por la posibilidad de que se les declare responsables subsidiarios de un material que no pueden controlar.

Los grupos defensores de los derechos civiles creen que la aprobación de la ley supondría un atentado contra las garantías constitucionales que tienen que ver con la libertad de expresión y advierten sobre las dificultades legales y técnicas para controlar las telecomunicaciones electrónicas.